Durante todo el día de hoy se celebra en María Pita un pleno ordinario que, entre otras cosas, aprobará inicialmente la Ordenanza de Bienestar Animal. Entre otras cosas, obligará a los dueños de los perros a limpiar la orina de sus animales con una botella de agua, como ya hay que hacer con las heces. Pero, en realidad, en los tres últimos años, la Policía Local casi no ha sancionado a nadie por ese motivo. 

Así figura en las estadísticas del 092. Sin embargo, otras fuentes municipales manejan datos distintos y aseguran que, en realidad, se han tramitado 21 expedientes en tres años. DIez en 2022,  seis en 2020 y cinco en 2021, aunque no son capaces de explicar la disparidad en los datos. Eso sí, ambas fuentes coinciden que en lo que va de 2023 no se ha multado a nadie. 

Es un dato llamativo pero, en realidad, nunca se ha multado demasiado: en 2019, último año en el que está registrada una sanción por “no recoger deyecciones”, solo se impuso una. Y el año anterior, tan solo seis. Fuentes municipales señalan que se trata de una infracción muy compleja de castigar, salvo que el agente de la Policía Local sea testigo de ella o que acuda a una zona donde el comportamiento sea reiterado. De no ser así, cazar a un infractor resulta muy difícil. 
 

Por ese motivo, la Concejalía de Medio Ambiente se había planteado realizar test de ADN de las heces de los animales. Aunque a primera vista, se podría considerar una medida radical, A Coruña no era la primera ciudad en proponerlo. En 2019, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, explicaba que esta solución, conllevaría mantener “un registro previo al que estarían obligados a pertenecer todos los dueños de perros” de A Coruña, lo que supondría la ventaja de que el Consistorio conocería “el número exacto de perros de la ciudad y su microchip”. Este hecho, junto con el coste de hacer un solo análisis de ADN, motivaron que el Ayuntamiento abandonara la idea.
 

Importes mayores   

Ahora, con la nueva ordenanza (que tardará todavía un mes en ser aprobada de forma definitiva), se incluye un incremento en la cuantía de las sanciones por no recoger los excrementos de las mascotas. Si antes las infracciones leves oscilaban entre los 30 y los 300 euros, ahora pasan de un mínimo de cien hasta los 500. Pero resulta cuestionable que aumentar el monto de las sanciones tenga un efecto disuasorio si no se sanciona nunca, o en ocasiones muy contadas. 
 

Por otro lado, el Ayuntamiento no ha organizado ninguna campaña de concienciación para tratar de fomentar un comportamiento cívico por parte de los dueños más descuidados. En todo caso, no se ha hecho en los últimos tres años, como ha ocurrido con otras campañas de este tipo que tenía pensadas Medio Ambiente, como la separación de residuos. 

Modificación puntual 

Incluso la ordenanza se presenta a pleno hoy con mucho retraso aunque, en realidad, se trata solo de una modificación puntual del texto actual, que se remonta a 1997. Básicamente, se actualiza incorporando cambios legales como la supresión del sacrificio animal (que, de todos modos, hace años que no se llevaba a cabo), y la obligación de usar agua para diluir la orina de los perros. 

Por supuesto, incumplir esta norma también esta sancionada. Aunque es muy probable que también quede reducida a papel mojado en la práctica.