La nueva ley del medicamento ya tiene sus primeras consecuencias graves: una víctima en la provincia de A Coruña y un “mercado negro” que amenaza con extenderse. “Esto es solo el principio”, asegura la veterinaria Olalla de Hoyos, gerente de la clínica Vets en Casa. Este miercoles colgará el pijama junto a sus compañeros en una concentración a las 10.00 horas delante de la Delegación del Gobierno, una protesta paralela a la que hará el sector en Madrid para reclamar que les “devuelvan su criterio clínico”. 

Olalla de Hoyos ya ha tenido varios clientes perjudicados por esta nueva ley, algunos casos graves donde los tiempos se han visto afectados por el “orden de uso” de los antibióticos al que obliga el Real Decreto 666/2023. “Hay cuatro categorías y nos obligan a empezar por la D cuando sabemos que igual no es válida para el tratamiento. Y eso hace que perdamos tiempo y que el propietario gaste dinero”, alerta.

La consulta, un 30% más cara 

Los cultivos o antibiogramas que exige la nueva ley para poder cambiar el tratamiento no son nada baratos. “Si es de piel, puede costar unos 50 euros. Pero si es respiratorio, una broncoscopia no baja de 600”, indica. 
Las clínicas también ven reducidas las citas por esta ralentización de tiempos y el aumento de trámites, lo que hace que el precio suba. En total, calcula, la consulta se puede incrementar un 20 o un 30%, a lo que se suma que el sector tiene un 21% de IVA, “como un artículo de lujo”. 

Pero el problema va más allá. La base de esta norma es combatir la resistencia a los antibióticos, pero De Hoyos alerta de que se está produciendo el efecto contrario. “Se está sobremedicando a los animales porque damos antibióticos que sabemos que no van a funcionar, con lo cual estás generado más resistencia”. 

Compraventa ilegal

Además, la normativa obliga a recetar envases completos. “Antes, cuando ibas al veterinario, te daban un blister con cinco pastillas, pero ahora en la farmacia te venden un envase con 120 comprimidos”, explica De Hoyos. La veterinaria alerta de que esto ya ha creado un mercado negro en internet. “Ya hay páginas donde los propietarios venden las pastillas que le sobran”, lamenta.

La gerente de Vets en Casa ha tenido problemas con algunos clientes “enfadados” por hacer las pruebas adicionales y también ha vivido casos en los que un dueño no se ha podido costear la medicación de su animal. “He tenido dos casos y lo he asumido yo porque no podía dejar al animal sin tratamiento. Soy veterinaria y me debo a mi código deontológico, pero antes soy persona. Yo no puedo dejar morir a esos animales por ganar dinero. Pero eso no lo podemos asumir los veterinarios”, denuncia. 

Estos casos tienen un final feliz, pero la ley ya se ha cobrado su primera víctima, Selva, una perra que murió en Cee. “Se le puso el tratamiento inadecuado, el que nos dice nuestra ley, hasta que se le infectó y tuvo una sepsis y ya no hubo manera de sacarla adelante”, cuenta. 

La veterinaria denuncia que el Gobierno “ha anulado” su “capacidad de decisión”. Este miércoles, el sector se vuelve a poner en pie para que el caso de Selva no se repita.