La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 3, 4, 5 y 6 el juicio contra un hombre, de nacionalidad albanesa, acusado de robos en viviendas de distintos municipios gallegos, principalmente de Oleiros (A Coruña). También se produjeron en Sanxenxo (Pontevedra) y otros ayuntamientos coruñeses como Bergondo y Sada.
En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que el procesado, junto a otro compatriota, en paradero desconocido, y otras personas - algunas de ellas sin identificar y otras con procedimientos judiciales abiertos en otros juzgados - formaban un grupo organizado, con distribución de funciones, para el robo en viviendas.
Lo hacían "tras forzar con ganzúas, destornilladores, patas de cabra u objetos similares las ventanas y puertas que daban acceso a las mismas, así como saltando los cierres de las citadas viviendas", explica Fiscalía.
Además, señala que el acusado, junto con los demás intervinientes, participaban "en el asalto a viviendas unifamiliares", principalmente del norte de España, desplazándose indistintamente los diferentes miembros del grupo a distintas comunidades autónomas.
Para ello se trasladaban desde Cataluña, donde se encontraban asentados, al resto de lugares, entre ellos Navarra, País Vasco, Castilla y León y finalmente Galicia a bordo de vehículos, la mayor parte de alta gama, con matrículas sustraídas o dobladas.
Los desplazamientos anteriores se producían por el tiempo de 10 o 15 días y, una vez cometidos los hechos, regresaban de nuevo al punto de partida, Cataluña, lugar donde contaban con diversos "zulos" escondidos en zonas boscosas donde ocultaban la documentación y utensilios que utilizaban para perpetrar los robos, así como parte del botín sustraído.
Estos desplazamientos se repitieron de forma continuada "cuando menos desde julio 2021 hasta los primeros meses de 2022", constando abiertos distintos procedimientos judiciales frente al acusado y distintos miembros del grupo en juzgados de Pontevedra, País Vasco, Navarra y Cataluña.
Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en casa; otro delito leve de hurto por la sustracción de placas de matrícula, además de otro por falsedad documental relativo al uso de matrículas pertenecientes a otros coches y elaboración de pasaportes. Fiscalía tiene en cuenta la agravante de uso de disfraz y pide por ellos penas que suman 10 años y nueve meses de cárcel.