El Ayuntamiento de Arteixo ha desmentido las acusaciones realizadas por el portavoz socialista, Martín Seco, respecto a la su supuesta intervención del concejal de Urbanismo en favor de un particular en un conflicto con la comunidad de vecinos de la calle Camino de Candame nº 10. Según el Concello, la información presentada por Seco es "falsa" y carece de fundamento.
El edil explicó que la información en la que se basan las acusaciones proviene de Charo Figueiras, exconcejala del PP, Terra Galega y PSOE, quien, junto con una vecina del inmueble en cuestión, solicitó información sobre dos conflictos actuales: un expediente de disciplina urbanística relacionado con una supuesta ilegalidad en el garaje de la propiedad mencionada y un litigio sobre la instalación de un ascensor en el edificio.
En relación al expediente urbanístico, el concejal afirmó que el Ayuntamiento está tramitando el caso conforme a la normativa vigente. Respecto al conflicto por el ascensor, detalló que existe una disputa judicial entre la comunidad de vecinos y el propietario del bajo sobre la compensación económica por la expropiación de metros necesarios para la instalación del mismo. En este contexto, el edil declaró en sede judicial sobre la accesibilidad del local, dado que el propietario es miembro activo de dos asociaciones locales y ha acogido reuniones informales en su establecimiento, lo que le otorgaba conocimiento directo sobre el uso y accesibilidad del espacio.
El concejal subrayó que su participación se limitó a proporcionar información objetiva en un proceso judicial y que, en ningún momento, actuó en favor de una de las partes. Además, enfatizó que su intervención se basó en hechos constatables y en procedimientos administrativos en curso, desmintiendo así las afirmaciones de Martín Seco, a las que calificó de "falacias e inconcreciones".
Por último, el edil reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones del departamento de Urbanismo, instando a los representantes políticos a verificar la veracidad de sus declaraciones antes de hacer acusaciones públicas que puedan generar confusión entre la ciudadanía.