El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió ayer en Cambados la Lei do Litoral que choca en algunos puntos con la estatal, razón por la que el Gobierno central piensa en recurrirla. El caso es que con la anterior legislación las empresas asentadas cerca del mar no sentían seguridad jurídica, por lo que veían amenazadas sus inversiones ante la posibilidad del cierre forzoso. Como las empresas del sector mar-industria tienen que estar asentadas, precisamente, cerca del agua, se generó una intensa polémica ante la opción real de tener que abandonar los lugares en los que llevan décadas asentadas. Costas trató desde entonces de tranquilizar al sector, que da empleo a cientos de personas en Arousa, pero en vano. La Xunta, con esta nueva ley, trata de darles seguridad jurídica y parece que tiene más consenso.