La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, le propuso ayer a la Xunta de Galicia la constitución, en tres meses, de un grupo técnico de trabajo, entre las dos administraciones y el resto de ayuntamientos del entorno, para poner en marcha una autoridad única del transporte metropolitano.
La medida se solicita después de que el Ejecutivo gallego presentara el nuevo convenio en la última comisión. La regidora herculina apela a que todas las consultas referentes al plan de accesibilidad se deben debatir en la comisión de seguimiento del propio plan y cree que los servicios regulares del autobús urbano coruñés se podrían extender más allá de los límites de la ciudad, tal y como recogía el último acuerdo, firmado en 2010, y tal como se hizo, de manera puntual con líneas como la 1-A, que en los últimos dos veranos se extendió hasta Santa Cristina.
La regidora herculina apuntaba ayer a que una buena coordinación de las líneas urbanas e interurbanas de transporte público mejorarán las condiciones de accesibilidad de los usuarios de este tipo de comunicación.
Otro de los aspectos sobre los que se pronunciaba ayer la alcaldesa era su posición acerca de que sea la administración local quien establezca las tarifas de los desplazamientos urbanos, en lo tocante a la concesionaria del transporte de la ciudad, para lo que propone establecer una tabla de precios “por salto” para que los niveles de compensación estén “sometidos ás distintas actualizacións”.
El Gobierno local de A Coruña indica que en el texto que se les ha trasladado se referencia la aplicación de los incrementos experimentados por el IPC, sin tener en cuenta las posibles subidas extraordinarias, pero que “non aclaran que tipo de subidas son nin que organismos as financiaría.
Capacidad de decisión
Por lo tanto, Inés Rey lamenta “a merma de capacidade de decisión dos concellos afectados”, ya que consideran que el convenio pierde su carácter mixto, lo que suponía la competencia de la comisión y el voto favorable de los municipios pertinentes.
El Gobierno local critica también que la operatividad de la comisión de seguimiento pase a ser anual, en vez de semestral como en la actualidad, e insisten en que se nombra una única autoridad en esta materia.