El 1 de enero de 1958, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Roma que constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE), nacía también un banco que 65 años después sigue siendo el principal brazo financiero de la UE y uno de las mayores entidades de desarrollo a escala mundial.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya contaba entonces con la misión de "contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado común", busca quien esté al frente y a ello optan dos de las personalidades con más peso en la actualidad en Bruselas: Nadia Calviño, vicepresidenta española y titular de Economía, y Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de la importante cartera de Competencia.

Aunque no son las únicas pretendientes (Italia presenta, por ejemplo, al exministro Daniele Franco), sí que son las que tienen más opciones de cara a la reunión informal en Santiago de Compostela en la que está previsto que los ministros de Economía de la UE elijan a la persona que sustituirá al alemán Werner Hoyer a partir del 1 de enero de 2024.

Si Calviño o Vestager son las elegidas se convertirían en la primera mujer dirigir un banco comunitario después de los siete hombres que han llevado las riendas de la entidad en sus 65 años de historia, pero el proceso no terminará en la capital gallega, puesto que después hará falta formalizar el nombramiento en los organismos internos del BEI.
 

La función del BEI desde su sede en Luxemburgo es facilitar préstamos y garantías a proyectos de "todos los sectores de la economía" que busquen el desarrollo de las regiones "más atrasadas" y la modernización o reconversión de empresas o de nuevas actividades, así como proyectos "de interés común a varios Estados miembros" y también de fuera de la UE.

Sólo el año pasado, la institución firmó acuerdos de financiación por valor de 72.500 millones de euros y actualmente roza los 230.000 millones de euros en acuerdos de financiación con España desde la firma de los primeros préstamos para empresas españolas en 1981.

La entidad obtiene sus recursos sobre todo en los mercados de deuda, aunque también cuenta con las aportaciones de capital realizadas por los países de la UE como socios de la entidad. Después dirige los recursos tanto a las empresas que necesitan la financiación como a bancos privados que después los canalizan a los receptores finales.

Su máximo órgano de decisión es la junta de gobernadores, formada por los 27 ministros de Economía de la UE, incluida la propia Calviño, aunque el funcionamiento cotidiano depende de un Comité de dirección compuesto por el presidente y seis vicepresidentes.
 

Nació con la misión de impulsar el desarrollo económico y fomentar la cohesión del bloque, pero los últimos años los Veintisiete han dotado al BEI de mayor protagonismo para hacer frente a recientes desafíos a los que se ha enfrentado el club.

Así surgió, por ejemplo, el llamado ‘plan Juncker’, que con el apellido del ex presidente de la Comisión Europea intentó movilizar inversiones multimillonarias para resucitar la economía europea tras la crisis financiera de la pasada década.

El estallido de la pandemia de coronavirus también supuso un acicate para el brazo financiero de la UE, que formó parte de la triple red de seguridad que el Eurogrupo acordó para sostener la economía en la etapa de mayores restricciones de movilidad con un programa de avales públicos de hasta 100.000 millones.

En esta etapa destaca sobre todo la financiación que aportó para el desarrollo de vacunas contra la Covid, por ejemplo los 100 millones que puso a disposición de la empresa alemana BionTech para sacar adelante uno de los primeros sueros contra la enfermedad.

En 2022, a raíz de la agresión militar de Rusia sobre Ucrania el BEI ha asumido la tarea de canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructuras y la financiación de diversos proyectos en el país, y en los últimos años el banco se ha marcado la meta de convertirse en el “banco del clima” europeo.

Con esta estrategia, el BEI se compromete a acelerar la transición ecológica apoyando los “sectores prioritarios” incluidos en el Pacto Verde Europeo, a garantizar una “transición justa para todos” y a fomentar “operaciones alineadas con el Acuerdo de París”.