La convocatoria de elecciones generales anticipadas el 23 de julio pone en el punto de mira la ejecución de hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo plazo para comprometer las ayudas no reembolsables finaliza el 31 de diciembre de este año.
“Las normas del reglamento (europeo) son muy claras”, aseguraron fuentes del Ejecutivo. Hasta ahora, España recibió 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
A lo largo de 2023, la hoja de ruta del Plan prevé otros dos pagos por valor de 10.000 millones y 7.000 millones de los fondos UE. El Ejecutivo aseguró que solicitará “lo antes posible” el cuarto pago de estos recursos de 10.000 millones al culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Tras esto, los desembolsos se completarán con tres pagos anuales previstos de 8.000 millones en junio de 2024, 3.500 millones en junio de 2025 y 4.000 millones en diciembre de 2026. Pero antes de eso, el 31 de diciembre de este año finaliza el plazo para comprometer las ayudas no reembolsables. Según el último informe de Ejecución, publicado en febrero, España habría ejecutado el 75% de los fondos europeos previstos en los Presupuestos de 2021 y 2022, mientras que habría un 90% de créditos autorizados y el 81% comprometido.
Además, según la titular de Asuntos Económicos, el despliegue de estos fondos se habría acelerando en el primer trimestre de 2023, con más de 10.757 millones autorizados. Este volumen de fondos autorizados equivale a casi el 40% de los 28.692 millones presupuestados para todo el ejercicio 2023.
El Gobierno lleva meses manteniendo reuniones con las autonomías, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación, con la que se movilizarán 7.700 millones adicionales en transferencias y los 84.000 millones en préstamos, que se sumarán a los 70.000 millones de la primera fase del Plan.
A finales de año, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, expuso un primer borrador de esta adenda, en la que el Ejecutivo sigue trabajando con el fin de aprobar su versión definitiva y formal mañana para remitirla a Bruselas. Según el reglamento, el plazo máximo para remitir esta adenda sería el 31 de agosto de este año.
España ya presentó la petición de los préstamos a la Comisión. Con estos recursos y las transferencias adicionales, el Gobierno busca concentrar las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los doce proyectos estratégicos ya aprobados y en marcha. Además,
Calviño avanzó que se incluirán las novedades de la versión final de la adenda un fondo de 1.000 millones para la “modernización y sostenibilidad” del sector turístico. l