El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la extensión a 2025 del gravamen a las grandes energéticas, con la posibilidad de deducirse del impuesto las inversiones en descarbonización, y ha prorrogado hasta junio de 2025 las ayudas al transporte público que incluyen la gratuidad del Cercanías.
Estas dos medidas, junto con la subida de las pensiones del 2,8 %, han sido las únicas mencionadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance de final de año tras el último Consejo de Ministros, en el que ha celebrado los buenos datos económicos con récord de empleo y con un crecimiento del PIB tres veces superior a la media europea.
Sin embargo, el cierre del ejercicio ha supuesto también la prórroga de los Presupuestos de 2023, que son los que han estado vigentes en 2024, y la del salario mínimo interprofesional, ya que no se espera que la nueva subida esté lista hasta febrero, así como un alza del 6 % para las pensiones mínimas y del 9 % para las no contributivas.
A ello se ha sumado la extensión de varias medidas tributarias, del escudo antiopas para operaciones intracomunitarias y la aprobación de mejoras en la jubilación parcial, activa y demorada que fueron acordadas con los agentes sociales en julio y todavía estaban pendientes.
La extensión a 2025 del impuesto energético es un compromiso del Gobierno con ERC, Bildu y BNG, a la que se oponen PNV y Junts por diversos motivos, entre ellos que se puedan poner en riesgo las inversiones de estas compañías en España.
Sánchez ha asegurado que al introducir la deducción por inversiones verdes se demuestra "que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde".
EH Bildu ha anunciado que se ha acordado una disposición adicional que obliga a concertar este impuesto a lo largo de 2025 con País Vasco y Navarra, por lo que considera que el PNV no debería oponerse a su convalidación.
El Gobierno no tiene de momento asegurados los votos necesarios en el Congreso, pero "no da el balón por perdido", según ha dicho Sánchez, que ha reconocido la "complejidad del Parlamento".
Más prudente ha sido el Gobierno respecto a la subida de la fiscalidad al diésel para equipararla con la de la gasolina, una medida comprometida con Bruselas para la que tampoco tiene los apoyos garantizados y que ha preferido seguir negociando antes de aprobarla.
Además de la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y la Media Distancia convencional durante seis meses más, se mantendrá el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y se cofinanciarán las rebajas del 50 % de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano.
Las cercanías de Cantabria y Asturias y el transporte público terrestre de Canarias y Baleares será gratuito durante todo el año, y también los servicios Avant para pasajeros recurrentes mantendrán las rebajas del 50%.
Por primera vez se activará un sistema de descuentos de al menos, el 50 % para promover el uso de la bicicleta compartida durante todo 2025.
Más de 12 millones de pensiones contributivas subirán el 2,8 %, lo que supondrá entre 500 y 600 euros adicionales al año para la mayoría de pensionistas.
Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) subirán un 9 %, lo que elevará esta renta anual garantizada a 7.910 euros.
La pensión mínima subirá alrededor del 6 %, con lo que quedará en 12.241,6 euros anuales, que serán 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo.
Entre las medidas tributarias se ha acordado retrasar al 1 de abril la entrada en vigor del impuesto a los líquidos de los vapeadores, en tanto que se ha prorrogado un año la deducción en el IRPF del 20 %, 40 % o 60 % de las obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.
Se ha prolongado la vigencia del Plan Moves III, de apoyo a la compra de vehículos eléctricos y a la infraestructura de recarga, hasta el próximo 30 de junio, y la extensión durante 2025 de la deducción del 15 % en el IRPF de la compra de vehículos eléctricos y de puntos de recarga.
No estarán obligados a presentar la declaración de renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas de los restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).
Además se han prolongado los descuentos adicionales del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, y el mantenimiento un año más de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.
Se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 el llamado escudo antiopas, para proteger de inversores extranjeros intracomunitarios a las empresas de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.
Esta norma permite vetar la compra de participaciones iguales o superiores al 10 % de empresas cotizadas en España y de empresas no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.