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viernes | 20 diciembre | 2024
El Gobierno va a reforzar el próximo año las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal y laboral, para lo que ha incrementado las transferencias tanto a la Agencia Tributaria (AEAT) como a la Inspección de Trabajo.
Según se desprende del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, presentado esta semana en el Congreso, la AEAT contará con una partida presupuestaria de 1.397 millones de euros, el 15,2% superior a la de 2022, gracias en parte al aumento en 167 millones de las transferencias del Estado.
Dentro de las principales actuaciones, la AEAT destinará 1.290 millones a la lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal, más de 30 millones de euros más que lo presupuestado este año.
Para ello, realizará 1,5 millones de controles sobre tributos internos y otro medio millón de controles aduaneros, de impuestos especiales y medioambientales.
El Gobierno prevé incrementar la plantilla de la AEAT en más de 300 personas, hasta los 6.829 trabajadores.
El Gobierno espera recaudar 1.100 millones de euros en 2023 mediante actuaciones de control del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social y para ello tiene previsto realizar 400.000 actuaciones en materia de economía irregular.
Estas actuaciones serán desarrolladas por la Inspección y Control de Seguridad y Protección Social, ente del Ministerio de Trabajo, que cuenta con un presupuesto de 203,1 millones de euros para 2023, entre las que se incluye una mayor transferencia del Estado hasta totalizar 197 millones.
En concreto, la Inspección llevará a cabo diversas actuaciones sobre los contratos temporales, para lo que contará este año como novedad con una herramienta HLF de análisis masivo de bases de datos.
Asimismo, se marca como objetivo la conversión de 100.000 contratos temporales irregulares en indefinidos, así como vigilar la posible mala utilización de 20.000 contratos fijos discontinuos, controles que han tomado mayor relevancia con la reforma laboral puesta en marcha este año.
Además, utilizará la herramienta HLF también para investigar el fraude en la contratación a tiempo parcial, marcándose como objetivo ejecutar 40.000 ampliaciones de jornada.
Este organismo prevé realizar 200.000 visitas a centros de trabajo para llevar a cabo 400.000 actuaciones con el objetivo de controlar la economía irregular y el trabajo de extranjeros.
La Inspección también aumentará a 93.000 las visitas planeadas para prevenir riesgos y siniestralidad laboral, revisará 4.000 contratos de posibles falsos becarios, controlará la eventual irregularidad de 10.000 falsos autónomos y luchará también contra la desigualdad tanto por razón de género como de condición personal (discapacidad).
El Gobierno también prevé ahorrar este año 2.000 millones de euros mediante el control de las prestaciones por desempleo, gracias a la mejora de su gestión y a la detección del cobro fraudulento de 230.000 ayudas.
Para ello, el SEPE llevará a cabo 1,5 millones de controles para ver si se cumplen los requisitos para acceder a una prestación, así como 2,8 millones de controles automáticos mediante cruces informáticos.
Según los datos del proyecto de ley, la prestación contributiva se llevará cada mes 785,3 millones de euros de media (casi 100 millones menos), seguida por los 415 millones del subsidio (30 millones más), los 58,3 millones de la renta activa de inserción y los 35,9 millones del subsidio de eventuales agrarios.
En la comparativa con los últimos años hay que tener en cuenta que ha disminuido el número de prestaciones vinculadas a los ERTE y que el próximo año se eleva a 600 euros el Iprem, indicador utilizado para el acceso y cálculo de las prestaciones.
