Las inversiones destinadas al ingreso mínimo vital (IMV) y al mecanismo Red de flexibilización del empleo (ERTE cíclicos y sectoriales con exención de parte de las cuotas sociales) se han suprimido de la adenda al plan de recuperación, con lo que no podrán financiarse con cargo a los fondos europeos.

En el plan original estaba previsto que estas medidas se pudieran financiar en parte con cargo a los préstamos del fondo de recuperación "Next Generation", pero finalmente se ha acordado con Bruselas concentrar esos recursos en inversiones productivas, según han explicado fuentes gubernamentales en un encuentro informativo este martes.

Frente a la supresión de estas inversiones, la Comisión Europea (CE) ha dado el visto bueno a la adopción de incentivos en el IRPF para la mejora de la eficiencia energética de la vivienda en 2024 y 2025, así como para la compra de vehículos eléctricos y estaciones de carga para los hogares de 2023 a 2025. Solicitud del cuarto pago a la mayor brevedad.

Después de que la CE le haya dado luz verde, la adenda del plan de recuperación todavía tiene que ser aprobada por el Consejo Europeo en el plazo de un mes, tras lo cual el Gobierno en funciones podrá presentar la solicitud del cuarto desembolso de los fondos (10.000 millones de euros), algo que espera hacer a la mayor brevedad.

Las mismas fuentes han explicado que el calendario de pago de las transferencias a fondo perdido se ha modificado, de forma que los siete desembolsos iniciales pasan a ser diez.

Además se han ajustado los hitos asociados al cuarto pago por el parón de la actividad legislativa derivado de la convocatoria de elecciones, con lo que no formará parte de esa evaluación ni la reforma de la justicia ni la ley de función pública ni otros cambios en materia de cooperación interterritorial y del régimen de los ayuntamientos.

Junto con las transferencias, España recibirá otros seis desembolsos en préstamos por un total de casi 83.200 millones de euros, que también están asociados a la consecución de una serie de hitos.
En este caso el dinero tendrá que ser devuelto en 30 años, con 10 años de carencia y un coste para el Tesoro español que será el coste medio de emisión de la Comisión Europea.

Para poder ejecutar la totalidad de los préstamos más allá de 2026 se ha acordado con Bruselas la conversión en entidades públicas empresariales de organismos como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) o la Empresa Nacional de Innovación SA (Enisa) para que puedan canalizar los fondos y culminar los PERTE (proyectos estratégicos) más complejos, como el del hidrógeno