9º-14º
domingo | 24 noviembre | 2024
La patronal metalúrgica gallega Asime expresó ayer su inquietud por la “paralización” de proyectos de parques eólicos en Galicia debido a la “inseguridad jurídica” generada por sentencias contrarias a algunas concesiones de la Xunta.
La postura de Asime está vinculada a una serie de decisiones judiciales sobre irregularidades denunciadas por organizaciones ecologistas en la tramitación de proyectos aprobados por la Xunta.
Las empresas del sector eólico están “preocupadas por el bloqueo de la tramitación de proyectos eólicos en Galicia”, aseguró la patronal metalúrgica en un comunicado y alertó de “un estado de inseguridad jurídica y del posible rechazo a nuevos inversores o promotores”.
En su opinión, “parece que es en Galicia en la única comunidad autónoma en la que órganos judiciales están actuando de esta forma” y considera que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) “no sigue estrictamente lo establecido en la Ley Ambiental”, lo que “provoca un escenario de paralización judicial que genera perjuicios y daños irreparables en las empresas promotoras de energías renovables”.
Para Asime, el TSXG aplica un “criterio diferente” al de la legislación ambiental, “sosteniendo que los informes sectoriales para la declaración de impacto ambiental” deben obtenerse “antes de iniciar el trámite de información pública”, mientras que la ley establece que “estos deben solicitarse simultáneamente”, algo que “están haciendo en todas las comunidades autónomas”.
También cuestiona que el TSXG “quisiera basar sus autos de paralización de proyectos eólicos en indicios de afecciones ambientales sustentadas en periciales de los demandantes, dando prioridad a estos indicios frente a autos reglados como son las resoluciones administrativas firmadas por funcionarios y después de los informes favorables de distintos organismos”.
El secretario general y portavoz de Asime, Enrique Mallón, abogó en la nota por “evitar que esta situación continúe y ponga en riesgo la posible caducidad de los permisos de acceso y conexión ya concedidos, o que las empresas se vean envueltas en el pago de penalizaciones millonarias por incumplimiento de contratos con tecnólogos y empresas constructoras”.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló varios permisos concedidos por el Ejecutivo autonómico para construir parques eólicos por irregularidades, entre ellas la rebaja del plazo de exposición pública para presentar alegaciones o una artificiosa fragmentación de un proyecto en supuestos pequeños proyectos para acogerse a un procedimiento administrativo reducido.
La patronal metalúrgica advirtió de que se está generando una “situación de perjuicio e inestabilidad jurídica que no favorecería la atracción de inversores y capital a Galicia”.
