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sábado | 16 noviembre | 2024
Después de días con mensajes de algunos negociadores afirmando que el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez era inminente, este martes se ha impuesto un lenguaje de precaución que enfría la posibilidad de que ese objetivo sea realidad esta semana.
El estancamiento en el diálogo ha venido acompañado de una polémica por las manifestaciones contra la amnistía convocadas ante las sedes socialistas y la respuesta policial a las mismas, así como de reproches de quienes intentan cerrar el pacto a algunas decisiones judiciales que consideran que sólo buscan entorpecerlo.
Bruselas sigue siendo el lugar de la negociación, con dirigentes del PSOE y Junts desplazados hasta la capital belga y donde el expresident Carles Puigdemont pilota las exigencias de su partido.
Según fuentes de la negociación, no hay más fecha en mente para la investidura que la última posible, el 27 de noviembre. Relegadas han quedado las voces que confiaban en que pudiera celebrarse esta semana, algo que los socialistas aún no ven imposible pero que admiten que es difícil.
Se asegura desde el PSOE que se continúa negociando, que hay avances y que se trata de hacer un buen trabajo para cerrar una ley muy importante como la de amnistía, aunque también se negocian otros detalles del acuerdo político.
Por todo ello explican que "es el momento de callar" porque se vale más por lo que se calla que por lo que se dice, y que lo principal es lograr el acuerdo y tener paciencia hasta que llegue.
No ha habido pista alguna sobre las expectativas del Gobierno en torno a la fecha del debate de investidura, y la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, se ha limitado a señalar que serán los partidos "en su caso y llegado el momento" los que informarán sobre un posible acuerdo.
Además, ha querido ser prudente, y al señalar que el PP debería permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial esta legislatura, ha comentado: "si es que sigue adelante la investidura y por tanto hay nuevo Gobierno".
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al atribuir un "rol de liderazgo" a Puigdemont en Tsunami Democràtic y que ha sido contestada por el independentismo, abre una vía para impugnar una eventual ley de amnistía ante la Justicia europea al invocar una directiva de la UE que establecería el compromiso de los estados para luchar contra el terrorismo.
A la vez el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma inmediata el procedimiento de la ley de amnistía que había pedido la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, al destacar que "el ejercicio de la iniciativa legislativa no es enjuiciable" ante este tribunal.
La declaración contra la amnistía aprobada por el Consejo General del Poder Judicial con el voto a favor de los vocales conservadores ha provocado la respuesta del Ejecutivo por boca de Isabel Rodríguez, que ha considerado "inaudito" que se haya pronunciado sobre una ley que no existe.
"Igual hubiera estado bien -ha añadido- que estas mismas personas que conforman este órgano hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta muy directamente, que es su mandato caducado en los últimos cinco años".
Las protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE y en concreto la del lunes en Ferraz, ha abierto un nuevo frente entre los partidos, ya que el PP ha criticado que Interior obligara a la policía a cargar de "manera injusta" contra los manifestantes y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado a Sánchez de "aprendiz de tirano" por "ordenar emprenderla a porrazos y con gases lacrimógenos".
El sindicato de Vox, Solidaridad, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y a la vista de nuevas concentraciones y el "ánimo agresivo de sus llamamientos", el PSOE y el PSC han decidido suspender la actividad de sus sedes por las tardes.
En defensa de la policía han salido Grande-Marlaska, que ha negado que su actuación obedezca a criterios políticos, e Isabel Rodríguez, quien ha afirmado que actúan siempre bajo los parámetros de la proporcionalidad y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene "con rotundidad" los ataques a las sedes socialistas.
Poco después, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha condenado los actos vandálicos y violentos que pueda haber en las manifestaciones contra la amnistía, pero los considera acciones individuales y puntuales que se producen por el "malestar" ante las negociaciones de Sánchez con los independentistas y ha priorizado el derecho a manifestarse dentro de los cauces legales.
El Senado, que cuenta con mayoría absoluta del PP, se prepara para retrasar la tramitación de la hipotética ley de amnistía y ha incluido en su sesión plenaria del miércoles el cambio de su Reglamento que lo permitiría.
La modificación, que el PSOE ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, avalaría a la Mesa del Senado para decidir si una proposición procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia, es decir en un plazo de 20 días, o de forma ordinaria, lo que puede demorar su aprobación hasta un máximo de dos meses.
El acuerdo de investidura firmado por el PSOE y ERC, que incluye el traspaso a Cataluña de la gestión de Rodalies, ha abierto un frente en Renfe y Adif, ya que sus sindicatos han convocado cinco días de huelga en protesta por esa decisión.
Las jornadas de paros de 24 horas serán los próximos 24 y 30 de noviembre, y 1, 4 y 5 de diciembre, en pleno puente de diciembre.
