Cinco vocales de los 18 que integran actualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dirigieron a la Comisión Europea para dar respuestas “complementarias” a las enviadas por el propio CGPJ ante las preguntas planteadas por Bruselas para elaborar su informe anual sobre el Estado de Derecho en cada Estado miembro. En ellas, estos vocales, del ala conservadora, alertan sobre un “grave” debilitamiento de la independencia judicial por las reformas sobre el CGPJ.
En el documento, los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart explican que recurrieron a esta “fórmula inusual” de comunicación con Bruselas porque el borrador con las respuestas del CGPJ se entregó a los vocales que no forman parte de su comisión permanente con “un tiempo insuficiente para su análisis” y se envió sin que hubiese debate previo en el pleno sobre las mismas.
Ponen el foco en que “la erosión de las competencias del CGPJ debilita su capacidad para proteger la independencia del Poder Judicial”. Aluden, en primer lugar, a la reforma legal de marzo de 2021 que imposibilita a un Consejo en funciones, como el actual, hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, porque “está perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales”.
En este punto, recuerdan la situación que sufre el Tribunal Supremo, “cuyos efectivos no se pueden reponer”, y avisan de que “también está produciendo unos efectos intensamente nocivos en algunas jurisdicciones, como la militar, la totalidad de cuyos nombramientos, cualquiera que sea su grado, se ve afectada por la limitación de competencias”.
Para los cinco vocales, “ese debilitamiento se hizo más evidente” con la reforma operada sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al CGPJ su poder para hacer nombramientos, aunque solo para designar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC).
“Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del Gobierno”, afirman para añadir que “resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Supremo”.
A su juicio, “el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho que deriva de la anterior situación es grave”.
Además, critican que “no se ha proporcionado ni por el Gobierno ni por el Legislativo una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandato está prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado”. “Esta continuada sucesión de reformas e intentos de reforma de las normas que rigen el Poder Judicial, llevadas a cabo en estos términos, inevitablemente trasladan a la ciudadanía una percepción negativa sobre la independencia del Poder Judicial en España”, sostienen.
A ello añaden que, “durante todo ese período, pero también específicamente durante 2023, fueron continuas las manifestaciones públicas insultantes y ataques de miembros del Gobierno y del Legislativo".