El Congreso ha rechazado los siete vetos presentados por los grupos de la oposición al proyecto de ley del presupuesto general del estado de 2023, por lo que las cuentas públicas podrán continuar ahora con su tramitación parlamentaria.

Las enmiendas a la totalidad habían sido presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Foro Asturias, la CUP y los diputados expulsados de UPN, y han sido rechazadas con 186 votos en contra, frente a los 159 a favor y las 3 abstenciones. 

En esta segunda jornada del debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos han intervenido los socios tradicionales del Gobierno -ERC, PNV y EH Bildu-, que han rechazado los vetos, pero han advertido al Gobierno de que deberán seguir negociando para conseguir su apoyo definitivo a las cuentas, algo fundamental para que éstas prosperen.

A todos ellos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les ha mostrado la disposición del Gobierno para profundizar en aquellas cuestiones que consideran fundamentales y ha dicho que espera alcanzar “puntos de encuentro” durante una negociación en la que -ha reconocido- van a tener que “sudar la camiseta”.

El diputado de ERC Joan Margall ha comenzado su intervención diciendo que éstos no son sus presupuestos porque “perpetúan un modelo de Estado” que “más que servir a la ciudadanía, se sirve de ella para mantener los privilegios de los de siempre”.

Ha señalado que tenían razones “fundamentales” para votar a favor de alguno de los vetos, pero su grupo ha preferido “apostar por la responsabilidad” y “ser útiles a la gente”, algo que pasa por negociar y trabajar para mejorar estos presupuestos y así mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal ha explicado que la decisión de su grupo de votar no a los vetos es un “punto de partida” para la negociación, que afrontan con “ánimo constructivo y de búsqueda de acuerdos”, aunque ha avisado de que “falta un trecho” para acordar unos presupuestos que “tienen margen de mejora”.

“Nos encontramos en un contexto de incertidumbre, volátil, donde es necesario aunar esfuerzos y dotar de estabilidad a las instituciones”, ha dicho la diputada, quien ha remarcado que los presupuestos son la “principal herramienta” de los gobiernos para dar certidumbre y avanzar en la transformación de la economía, así como “estar al lado de las personas que más lo necesitan”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el diputado Oskar Matute, quien ha pedido al Gobierno un diálogo “sincero” y “firme”, así como la puesta en marcha de medidas sociales “que mejoren la vida de la gente” para acordar las cuentas públicas del próximo año.

Ha defendido un modelo que “rompa amarras con el capitalismo neoliberal”, ese que “amenaza con llevarse nuestros derechos, libertades y la dignidad de nuestras vidas”, y ha añadido que van a pelear por pensiones más dignas, impuestos para grandes empresas o medidas para que cada persona tenga derecho a una vivienda digna.

Durante la defensa del proyecto presupuestario, Montero ha puesto en valor las políticas de este Gobierno “para proteger a la clase media y trabajadora”, y ha lamentado que lo han tenido que hacer “con una oposición que nunca ha arrimado el hombro, una oposición caducada con unas recetas fallidas que nadie aplica ya”.

Ha remarcado que seguirán trabajando “contra viento y marea” con el objetivo de que “todos y no solo unos pocos tengamos más y mejores oportunidades” y defendiendo “el progreso y el bienestar de la ciudadanía, la competitividad de las empresas, el futuro de los jóvenes y las pensiones de los mayores”.

“Necesitamos más Europa y estar más unidos para protegernos de la amenaza de Rusia”, ha apuntado Moreno, quien ha insistido en que su Gobierno tiene “el proyecto, el líder, el equipo y, por tanto, la responsabilidad de dirigir a este país hacia mayores cotas de bienestar”.

Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos han defendido unos presupuestos que tienen la vocación de proteger a “todas las familias en su diversidad y especialmente a aquellas que necesitan más protección”, ha insistido la diputada Sofía Fernández Castañón.

A su juicio, los presupuestos son “un contrato social nuevo en el que todos los derechos estén garantizados en este nuevo contexto que vivimos”.