Los funcionarios de la administración de Justicia, que han comenzado este lunes una huelga indefinida para exigir mejoras laborales y salariales, han instado a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública a negociar tras haber alcanzado un acuerdo, que firmarán el martes, con jueces y fiscales.

En una concentración de unos cien funcionarios ante Hacienda, con el diálogo roto con el Gobierno desde el pasado 24 de abril y tras más de un mes de paros puntuales, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han pedido este mediodía a ambos Ministerios que acaben con lo que consideran una “tomadura de pelo” y que se sienten a negociar una subida salarial y el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

“Confiamos en que el Ministerio (de Justicia) sea democrático en el sentido estricto de la palabra (...). No es tolerable en absoluto que el Ministerio de Justicia dé un trato de favor a los cuerpos de élite de la administración de Justicia con unas negociaciones que son impropias de un Gobierno progresista”, ha argumentado el representante de CCOO, Javier Hernández, en referencia al acuerdo con los letrados judiciales y al que se firmará mañana con jueces y fiscales.

Hernández, que ha tildado este comportamiento de “clasista”, ha reiterado que los sindicatos solo suspenderán las movilizaciones si el Gobierno presenta una propuesta “sólida”, que incluya la negociación de la LOEO, la especificación de sus funciones y una oferta económica que tenga “mucho que ver” con la de letrados, jueces y fiscales.

En concreto, piden entre 350 y 430 euros brutos más al mes para los 45.000 funcionarios llamados a la huelga, en su mayoría trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La reforma de la LOEO, indican, “es un recorte de puestos de trabajo, una reestructuración que va a dificultar la movilidad y la promoción profesional, y también un recorte de retribuciones”.

Por ello, como “corazón de la administración de Justicia”, piden negociar su contenido antes de que se apruebe en la mesa del Congreso, “probablemente el mes que viene”, pues consideran que no se adapta a la realidad de los juzgados.

“Se están suspendiendo juicios masivamente, se está retrasando la tramitación de los procedimientos masivamente; estamos hablando de miles -incluso de millones- de procedimientos paralizados y de miles de juicios suspendidos, y lo que menos nos interesa es causar ese daño a la ciudadanía”, ha lamentado el coordinador de Justicia de CSIF en la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Ferreiro.

Las concentraciones previstas durante la semana ante la sede del PSOE en Ferraz y ante el Ministerio de Justicia en San Bernardo se han suspendido por la campaña electoral, pero el jueves hay prevista una manifestación “masiva” en Madrid hasta Función Pública en la calle Santa Engracia.

Los sindicatos consideran que se trata de una “excusa” para “restringir el derecho a manifestación” y de una “vulneración de derechos”.

Mientras los funcionarios mantienen su protesta, este martes volverá a reunirse en la sede de Justicia la mesa de retribuciones para firmar el acuerdo de subida salarial pactado con la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que decidieron la semana pasada desconvocar la huelga programada.

El acuerdo, que cuenta con la oposición de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), incluye una subida salarial de unos 450 euros brutos mensuales.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha coincidido en que en la parte económica no se ha llegado al punto deseado, pero considera que el acuerdo cerrado es “la única salida razonable” alternativa a una huelga indefinida que habría agravado el “colapso” de la administración de justicia.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también participa en la mesa de retribuciones, celebrará un pleno extraordinario el miércoles para analizar la propuesta.

Cinco vocales del sector conservador pidieron celebrar el pleno este lunes, pero finalmente, según ha informado en un comunicado el órgano de gobierno de los jueces, su reunión tendrá lugar el miércoles.