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viernes | 29 noviembre | 2024
La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, pidió al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que no entre en la legitimidad de la política para legislar, después del auto que emitió el jueves en el que criticó la supresión del delito de sedición en el Código Penal y señaló que la reforma realizada por el Gobierno está cercana a la despenalización del procés.
Montero compareció ante los periodistas después de la reunión convocada este viernes por Pedro Sánchez en Ferraz de la Ejecutiva socialistas y de los ministros del PSOE en el Gobierno.
Al ser preguntada por el auto afirmó que no iba a entrar en los contenidos “de la misma manera” que piden que cada poder ejerza su responsabilidad: “Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación”.
Además, y en base al auto de Llarena, que mantiene la acusación del delito de malversación contra Carles Puigdemont, acusó al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de mentir por decir que el expresidente catalán iba a regresar a España sobre una alfombra roja y paseándose con impunidad.
Previamente, la dirigente socialista acusó al líder del PP de seguir el “manual de instrucciones del señor Trump o Bolsonaro” y de practicar la misma “política de tierra quemada de las instituciones y también de delirios conspiranoicos que causan un profundo daño a nuestra democracia”.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno afirmó este viernes que los electores del PSOE comprenden la reforma del Código Penal que llevó a cabo el Gobierno porque “facilita” el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont para ser juzgado.
En una entrevista en Radio Nacional, la ministra aseguró que le parece “una noticia que la inmensa mayoría de los españoles consideramos como positiva”.
Quien sí arremetió contra el magistrado fue la consellera de la Presidencia y líder de ERC, Laura Vilagrá, quien criticó que se mantenga el procesamiento contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación en su tipo agravado: “Es retorcimiento del delito”, dijo.
“Nos parece evidente que esto también decaerá y que el juez Llarena no podrá aplicar este agravado”, auguró en una entrevista en La 2 y Rádio 4 de este viernes.
Calificó de “éxito completo” la derogación del ya inexistente delito de sedición –que entró en vigor este jueves– al considerar que muy pocas personas confiaban en que se produjera.
Vilagrá abogó por apoyar a los encausados en otras causas abiertas vinculadas con el 1-O y ha destacado que la Generalitat ha cambiado los criterios de personación en procesos judiciales a independentistas: “Una de las fortalezas es la movilización popular”, defendió.
Por su parte, el ex president catalán huido anunció su intención de recurrir el auto dictado por Llarena, informaron fuentes de su entorno.
Se trata del auto con el que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) adaptó el procesamiento de Puigdemont y los demás prófugos del procés a la reforma penal que entró en vigor el mismo jueves, por la que se eliminó el delito de sedición y se modificó el de malversación.
En el caso del ex president, sustituyó el delito de sedición –penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación– por uno de desobediencia –castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años–, al considerar que los hechos perseguidos no encajan en el delito de desórdenes públicos.
Llarena descartó que se le pueda procesar por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, creado con esta reforma penal, ya que no existía cuando tuvo lugar el procés.
Tampoco vio posible que se les juzgue por el delito de desórdenes públicos que estaba vigente en 2017. Sobre esto, explicó que entonces se sancionaban “exclusivamente” a “los inductores o alborotadores que directamente incitaran a alterar la paz pública con actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas”.
Y para el magistrado esto no es aplicable al procés porque los encausados “desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional sin ninguna llamada a la violencia”.
Además, mantuvo el procesamiento por malversación, pero en su versión agravada, la que se mantiene pese a la reforma penal. Se trata del artículo 432.2 del Código Penal, castigado con entre 4 y 8 años de cárcel pero que pueden llegar hasta 12 años de prisión “si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros”.
