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miércoles | 20 noviembre | 2024
El PSOE y Unidas Podemos dieron hoy un golpe de efecto con una reforma legal para desarmar la estrategia de bloqueo del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide la renovación del Constitucional y acabar con el “secuestro” de la instituciones del PP, que a su vez ve en ello un “asalto” de Sánchez al TC.
Los partidos que sustentan el Gobierno introdujeron unas enmiendas a la reforma del Código Penal que establecer un mandato imperativo con un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al Consejo General del Poder Judicial y que abre la puerta a responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como ocurre actualmente.
Una maniobra legislativa que los socialistas justifican para poner fin al “secuestro” del órgano de gobierno de los jueces por parte de un partido “antisistema” como es según dicen el PP, a quien Unidas Podemos responsabiliza de lo que considera “otro golpe a la democracia desde el 23-F”.
Por cierto, este partido abrió la puerta a aplicar esta misma formula de “reformar las mayorías”, que fue descartada por el PSOE ante las presiones de Bruselas, para renovar el CGPJ.
Como era de esperar, este paso empeoró aún más si cabe las relaciones con el PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo se comprometió a batallar ante la Justicia, con recursos de inconstitucionalidad, y ante la Unión Europea contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su “asalto al estado de derecho” para “mantenerse en el poder” y por pretender controlar el Tribunal Constitucional. Igualmente, Vox anunció que acudirá al tribunal de garantías
La oposición también mira a Bruselas, pero la Comisión Europea dijo que la reforma legal es, por el momento, solo “un anuncio”, por lo que rehusaron valorar si están en línea con las recomendaciones de las instituciones europeas al respecto.
Dicha reforma plantea una alternativa al modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, si no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes del TC.
En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quórum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente, ahora el presidente suplente, Rafael Mozo, del sector progresista.
Todo esto sucede con un pleno ordinario del CGPJ convocado el próximo día 22 para votar los nombramientos sin necesidad de recurrir a esta reforma, que puede ser irrelevante a estos efectos ya que nueve vocales conservadores anunciaron en respuesta a la reforma la celebración de un pleno extraordinario la próxima semana.
Porque la reforma explosionó entre los vocales conservadores, que la ven como un “desafío fuera de lugar”, de manera que quieren actuar antes de que entre en vigor para esquivar la maniobra del Gobierno y sacar adelante los nombramientos con las reglas vigentes.
La petición se registró hoy y el presidente tiene tres días para convocarlo. Sin embargo, los progresistas amenazan con votar en blanco y esperar al día 22 o al futuro escenario normativo, aunque antes quieren ver qué proponen en este nuevo escenario, que ven como “ridículo”.
“¿Tres meses fuera de plazo y ahora les entran las prisas?”, comentaron los vocales progresistas, que enmarcan la reforma en respuesta al boicot de los conservadores, como sostiene también la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.
Sea como fuere, los conservadores no ocultan su malestar porque el Ejecutivo lo que pretende es que se nombre como sea al candidato del sector progresista José Manuel Bandrés para el Constitucional, al que se oponen ellos, y así, con la entrada de los ex altos cargos del Gobierno Juan Carlos Campo y Laura Díez, se aseguran que el magistrado Cándido Conde Pumpido presida el TC.
Precisamente, la otra pata de la reforma enfrenta los problemas en el Constitucional porque el texto permite que, aunque la Constitución prevé que sus magistrados se renueven por tercios, en el caso de que un poder no cumpla los plazos (como ocurre ahora con el judicial), se realice la renovación del poder que sí los cumple (en este caso el Ejecutivo)
Y, además, también plantea suprimir su potestad de verificar previamente la idoneidad de los magistrados, que es el trámite que, por el momento, una mayoría conservadora del tribunal se resiste a abordar, frente a la opinión minoritaria de algunos magistrados progresistas, que quieren convocar un pleno para estudiar esta cuestión.
Desde el tribunal de garantías se desvinculan de momento de la reforma y consideran que este movimiento responde al bloqueo perpetrado por una parte del CGPJ y que es un cambio que los partidos en la legislación tienen la habilitación para hacer.
