El jubilado de 74 años Pompeyo González ha negado en el juicio que él fuera quien envió entre noviembre y diciembre de 2022 cartas explosivas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a diversas instituciones por su apoyo a Ucrania.

La Audiencia Nacional ha concluido este jueves el juicio a Pompeyo González, operario del Ayuntamiento de Vitoria jubilado, detenido el 25 de enero de 2023 en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), que ha recalcado: "No he querido alterar la paz pública ni desestabilizar el sistema democrático, no se me ha ocurrido semejante tontería".

La fiscal y el abogado de la acusación ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo han mantenido su petición de 22 y 24 años de prisión, respectivamente, para el acusado al estimar que hay pruebas para condenarle por delitos de terrorismo y de fabricación, tenencia, colocación y empleo de artefactos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

Pompeyo González ha asegurado que no tiene conocimiento alguno en fabricación de artefactos explosivos y ha negado que enviara desde Burgos las cartas.

Las mismas fueron recibidas en el Palacio de la Moncloa dirigida a Pedro Sánchez, a la empresa Instalaza de Zaragoza -dedicada a la fabricación de material militar usado por el ejército ucraniano-, al director del Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), al Ministerio de Defensa y a los embajadores de Estados Unidos y Ucrania en España.

Todos los artefactos fueron detectados y desactivados o explosionados de forma controlada aunque el recibido en la Embajada de Ucrania en Madrid hirió al responsable de seguridad cuando abrió el sobre.

El acusado ha señalado que compró 25 o 30 sobres y un centenar de etiquetas para guardar postales pero no para estos envíos y que las brocas y otros elementos metálicos como tornillos los adquirió para "chapuzas" y porque es aficionado al bricolaje y en ese momento estaba construyendo una especie de helipuerto para un dron que tiene.

Ha añadido que como su casa es pequeña tiraba a la basura muchos de estos efectos al igual que tres cajas de cerillas de cien unidades cada una que compró para confeccionar una bengala que quería poner en el dron como experimento.

Ha comentado que cualquier persona pudo coger de la basura los sobres, que ya tenían sus huellas, pero ha insistido en que no los usó para remitir los artefactos explosivos.

Pompeyo González ha negado que buscara en internet cómo se confecciona un paquete bomba. "Cuando busqué cómo se hacía una bengala me salió hasta cómo se hacen una bomba atómica y misiles".

Preguntado por qué adquirió en julio de 2022 un kilo de nitrato potásico puro ha asegurado que lo usó para limpieza.

Sobre las búsquedas en internet que realizó de ayudas a Ucrania desde el Gobierno español, instituciones y empresas ha señalado que solo se debían a un interés particular como ahora hace con la guerra en Gaza y que aunque le gustaría hablar ruso solo sabe decir "gracias" en ese idioma.

La abogada del acusado ha pedido su absolución y alternativamente, para el caso de que el tribunal entienda que es autor de los envíos, que sea condenado por un delito de lesiones con el correspondiente pago de responsabilidad civil al herido en la Embajada de Ucrania.

Para la letrada no se cumplen los requisitos del delito de terrorismo al no alterarse la paz pública ni el ordenamiento democrático y por la escasa capacidad dañina del explosivo que contenían las cartas, siete gramos, "equivalente a un petardo", como se vio con la única que explosionó, que causó una lesión en el dedo a una persona en la Embajada de Ucrania, ha dicho.

En su turno de última palabra Pompeyo González ha denunciado que es víctima de una calumnia y ha añadido: "Nadie ha dicho que yo no tenía ni muelles, ni percutores, ni pólvora, ni bolas para la metralla".
"Es una maldad lo que me han hecho", ha concluido el acusado tras lo cual el juicio ha quedado visto para sentencia.