El Ministerio de Justicia ha convocado a los sindicatos este viernes para abordar el acuerdo de subida salarial alcanzado con los letrados judiciales el pasado 28 de marzo, una cita que ha causado malestar entre los funcionarios que siguen en huelga tras la ruptura de las negociaciones con el departamento de Pilar Llop.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT, convocantes de las movilizaciones de funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, han calificado esta convocatoria de "extremadamente provocadora" y de "insulto" y han denunciado que se les haya llamado para ratificar dicho acuerdo, mientras no se aborda una "solución negociada" a su conflicto.
La negociación sindical y en el Consejo de Estado son los dos pasos previos a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, cuando comenzará a tener efecto.

Sin embargo, fuentes sindicales han expresado a EFE que intentarán "forzar el pulso lo máximo posible" para "bloquear" el acuerdo con las "herramientas" que les da la negociación colectiva.

La subida progresiva de entre 430 y 450 euros brutos mensuales de los letrados de la administración de Justicia, alcanzada tras dos meses de huelga, es precisamente uno de los "detonantes" del parón del resto del personal de juzgados y tribunales, han recordado los sindicatos en un comunicado.

Este pacto se alcanzó entre el Gobierno y las asociaciones de letrados, sin la participación de los sindicatos, en los que los letrados apenas tienen representación.

Para las organizaciones sindicales haber llegado a un acuerdo de esta forma es un "error", ya que los representantes de los trabajadores en una negociación colectiva deben ser los sindicatos y no las asociaciones.

De hecho, CSIF y STAJ, mayoritarios en el sector, impugnaron el acuerdo por esta razón mediante un recurso contencioso-administrativo que ha admitido a trámite la Audiencia Nacional.

La convocatoria del viernes "no puede ser un trámite para dar cumplimiento de pasada a lo que la ley obliga" y, por ello, si los sindicatos deciden finalmente asistir, cosa que todavía no está clara, protestarán para que se modifiquen también los salarios del resto de cuerpos de la administración de Justicia.

Después de los letrados, amenazaron con parar jueces y fiscales, que también consiguieron un aumento salarial similar, de unos 450 euros al mes.

Por su parte, los sindicatos de los funcionarios —45.000 trabajadores en toda España, que representan el 93% de la plantilla de la oficina judicial— reclaman una subida de entre 350 y 430 euros mensuales, dependiendo del subgrupo profesional, así como la negociación de cualquier nueva ley que afecte a sus condiciones laborales.

El último encuentro de los tres que han mantenido funcionarios y Justicia, en el que la única "oferta" que hizo el Ministerio fue retomar las negociaciones cuando se constituyan los nuevos gobiernos, desembocó en un encierro de cinco sindicalistas durante tres días en la sede del Ministerio para forzar el diálogo.