Al menos dos delegaciones, la de Letonia y Lituania, se mostraron abiertamente en contra de modificar el reglamento que rige el uso de las lenguas oficiales de la UE para incluir el catalán, euskera y gallego. No obstante, el debate seguirá a nivel técnico en el seno de los Veintisiete, ya que un mayor número de socios se mostraron dispuestos a seguir discutiendo si España detalla cuestiones clave como el coste o su encaje legal.

Así quedó reflejado en el debate que los ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales de la UE tuvieron ayer en Luxemburgo, según informaron varias fuentes diplomáticas. El ministro de Asuntos Exteriores y exprimer ministro de Letonia, Krisjani Karins, avisó en declaraciones a la prensa que no esperaba cambios en las reglas sobre lenguas porque los Veintisiete tienen otros “problemas” geoestratégicos en su agenda “a los que dedicar tiempo y en los que centrarse”.

Tanto Karins como su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, expusieron su rechazo por el “impacto político” que tal medida pudiera tener en otros Estados miembros como los suyos, en donde hay una minoría que habla ruso. En todo caso, otra decena de países tomaron la palabra para indicar que están dispuestos a seguir discutiendo sobre la propuesta española, pero dejando claro que lo harán “sobre la base de un trabajo técnico más detallado”. Ello pone en evidencia que el Gobierno no atendió la petición que varios Estados hicieron en la ocasión anterior en que se discutió el tema, cuando pidieron una evaluación del impacto de toda modificación.

Asumir el gasto

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, defendió delante del resto de ministros que España está dispuesta a asumir la totalidad del coste que tuviera el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, a pesar de que la inclusión en el reglamento europeo que el Gobierno pide modificar supone que la traducción e interpretación de estas lenguas sería financiado a cargo de las arcas comunitarias.

Tras este segundo debate a nivel de ministros de la UE, España prevé distribuir una propuesta “revisada” que atienda a las preocupaciones expresadas por el resto de Estados miembro, en especial en cuanto a las dudas legales y el coste. Además se encargó a la Comisión Europea que presente una evaluación del coste que tiene cada una de las lenguas.

Caso “único”

Por otra parte, Albares también defendió que la incorporación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE es un caso “único” de España que no se podrá trasladar a las posibles reivindicaciones que puedan hacer otras minorías nacionales. Albares insistió en la “especificidad” del caso español, dado que la Constitución española reconoce la cooficialidad de los idiomas, por el hecho de que ya se puede hablarlos en el Congreso de los Diputados, porque España ya tiene acuerdos administrativos con la UE para poder utilizarlas y porque el Gobierno en funciones se comprometió a asumir el coste de la medida. 

El ministro no quiso detallar cuánto costaría la medida, porque, según dijo, es algo que le corresponde calcular a la Comisión Europea. Albares afirmó, además, que “dentro de la sala no ha habido ninguna oposición” a la propuesta española. “Ahora estamos ya a la espera de los informes, porque empiezan a ser ya pasos muy definitivos para poder formalizar ya esa propuesta adaptada”, señaló.

Sin embargo, el ministro no quiso decir si la propuesta española, que debe adoptarse por unanimidad por parte de los Veintisiete, se podrá aprobar el próximo 15 de noviembre, cuando está previsto que se celebre el siguiente Consejo de Asuntos Generales en Bruselas. La oficialidad del catalán en la UE es una de las reivindicaciones que hasta ahora ha impuesto Junts para aceptar la investidura del presidente en funciones Pedro Sánchez.