El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer la “máxima transparencia” aplicada en torno a los traslados de presos de ETA, defendiendo que desde su departamento se mantienen “relaciones institucionales” con todo tipo de colectivos de presos. En este sentido, destacó que lo anterior “nunca condiciona” la aplicación de la ley penitenciaria ya que, según afirmó, “la ley no se negocia”.

“La aplicación de la ley ni se negocia ni se negociará”, señaló Grande-Marlaska en una rueda de prensa en la Dirección General de la Policía en la que volvió a descartar que el Gobierno, como defienden algunos colectivos de víctimas, trabaje en una reforma de la ley 7/2014 para adelantar la excarcelación de presos de ETA.

Grande-Marlaska hizo estas declaraciones al ser preguntado por el informe de la Guardia Civil que recoge conversaciones y reuniones del entorno de presos de ETA, especialmente el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, y el parlamentario vasco y abogado Julen Arzuaga, con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

En concreto, el ministro del Interior habló de “encuentros con colectivos que representan a presos”, no solo a los de ETA, defendiendo que se llevan a cabo dentro de las “relaciones institucionales” del departamento ministerial, pero sin que afecte luego a las decisiones en esta relevante materia.

“Instituciones Penitenciarias mantiene relaciones institucionales con colectivos que representan a distintos presos”, declaró, recordando que son 47.000 internos. “Esos encuentros, esas relaciones institucionales, nunca condicionan la aplicación de la ley penitenciaria”, añadió al respecto el ministro de Interior.

En cualquier caso, Marlaska reiteró que las decisiones en materia penitenciaria parten de lo que propone las juntas de tratamiento de las cárceles, y luego son validadas por la justicia, dando cuenta de ello con la “máxima transparencia” a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a los medios de comunicación. Por lo tanto, defendió la ejemplaridad del Gobierno en ese sentido.

En su opinión, esto no ocurrió en los Gobiernos del PP, cuando ETA estaba activa y cometía atentados, asegurando que en los gobiernos de José María Aznar se trasladó a 575 etarras y en los gobiernos de Mariano Rajoy a otros 230 presos que pertenecían a la banda terrorista.