La apuesta del PSOE para agilizar los desalojos de okupas en casos de allanamiento de morada, que se prevé tramitar este mes de enero en el Congreso, va a abrir una nueva brecha con sus socios del Gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos avanzó que no piensa apoyarlo. El pasado mes de septiembre, el PSOE aprovechó la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia para presentar dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada.

En aquellas enmiendas, lo que planteaba el PSOE era una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que “en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena”, el juez o tribunal pueda acordar motivadamente el desalojo “en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”.

E incluía un segundo punto para asegurar que no haya desatención de menores o de personas de especial vulnerabilidad: “Cuando con motivo de la adopción y ejecución del desalojo se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el juez o tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias”, precisaba.

El PSOE busca apoyos

Aquellas enmiendas, defendidas públicamente por Patxi López, fueron muy criticadas en su momento por Unidas Podemos, que acusó a los socialistas de estar “descentrados” y les recordó que “no gobiernan con el PP”. Pero el PSOE continuó adelante aún así y ya buscó el apoyo del PDeCat que también presentaba una propuesta sobre este asunto, y de otros grupos parlamentarios, con el fin de incluir definitivamente el cambio legal en la citada ley orgánica. Precisamente esa ley de Justicia y la Ley de Vivienda son las que el Gobierno ha pedido aprobar este mes de enero en el Congreso, lo que augura una nueva grieta con Unidas Podemos, que ratificó su rechazo.

El diputado de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, reconoció que son “muy críticos” con la actitud del PSOE respecto al derecho a la vivienda y avanzó que no apoyarán “ninguna de las enmiendas que se planteen a leyes para dar la razón a la visión catastrofista del PP y de la ultraderecha, que pretenden apartar la vista del derecho a la vivienda”.