El PP ofreció renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial con la normativa en vigor y para ello puso varias condiciones entre ellas que se retire antes del jueves la reforma del Consejo para renovar el Tribunal Constitucional y  que se cree una ley para cambiar el modelo de elección que parta de la propuesta de los jueces.

El partido de Alberto Núñez Feijóo envió ayer al Gobierno una propuesta de renovación y reforma del poder judicial, anunciada en rueda de prensa por el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, que argumentó que tras tres años de bloqueo cambiar simplemente los vocales del CGPJ con un “pacto secreto” dejaría “todavía más cuestionada” la independencia judicial.

En su iniciativa el PP propone que el fiscal del Estado no pueda estar en política en los cinco años anteriores a ser elegido para el cargo, que la negociación de los vocales se haga en el Congreso entre los grupos, y no entre el Gobierno y un partido, y que “el nuevo Consejo elegido con la ley en vigor proponga un nuevo modelo de elección” en el plazo de seis meses. 

González Pons, que aseguró que con su propuesta el PP pretende “reforzar la independencia judicial y la democracia”, subrayó que la dirección encabezada por Feijóo lleva “solo 100 días en la oficina” pero desde el primer día  expresó su disposición a acordar “políticas de Estado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió al PP en que cumpla la Constitución y en que antes de empezar a hablar, lo que tiene que hacer el partido de Alberto Núñez Feijoó es cumplir. 

De esta manera se expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada por el ofrecimiento del PP de renovar la composición del Consejo del Poder Judicial.

La portavoz del Ejecutivo aseguró que desconocía la propuesta –la noticia se conoció de forma simultánea a la celebración de la rueda de prensa del Consejo– pero a la espera de conocerla ha querido trasladar a Núñez Feijoó y a su partido un mensaje muy claro y es que cumpla la Constitución, porque “su cumplimiento no es negociable”. 

“Así que antes de empezar a hablar lo que hay que hacer es cumplir”, recalcó Rodríguez.

Por otra parte, preguntada por si el Gobierno contempla una posible reforma del Código Penal en lo relativo al delito de sedición, la portavoz incidió en que sobre este aspecto ya se ha expresado en otras ocasiones a favor de avanzar en la modernización de esos tipos conforme a los países del entorno.

No obstante, ha admitido que para hacer una modificación de ese calado se exige una mayoría parlamentaria que por el momento no se daría. 

“Los requisitos para una modificación de una norma tan importante exigen de unas mayorías parlamentarias que conviene para no llevarnos a equivocación que creo que todos concluimos que en estos momentos no se dan”, argumentó Rodríguez.