Los grupos parlamentarios de PP y Vox han registrado en las Cortes de Castilla y León su Proposición de Ley de Concordia, una normativa que, como han explicado los portavoces de ambos grupos Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, elimina "visiones sesgadas" de la historia e incluye como víctimas políticas al periodo comprendido en la II República, Guerra Civil y Dictadura, ya que afecta a entre los años 1931 y 1978.

El texto, que se ha registrado este martes en el Parlamento regional, da cumplimiento a uno de los acuerdos de Gobierno de PP y Vox para esta legislatura y, tras dos años de negociaciones, finalmente han sido los grupos parlamentarios los que han presentado el texto como Proposición de Ley y no el Gobierno regional como se avanzó en un principio.

Se trata de una norma cuyo objetivo, como ha explicado Carlos Menéndez, es "dar el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978", con lo que se amplían los años que se incluyeron en el Decreto de Memoria Democrática aprobado por la Junta en 2018 donde se acotaba a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y dejaba fuera a las de la II República.

No obstante, Menéndez ha defendido el sentido de ampliar este periodo, ya que, a su juicio, "están interrelacionados historiográficamente". Por su parte, Raúl de la Hoz ha dejado claro que la norma no equipara en ningún caso la II República con la Dictadura: "Nosotros no somos historiadores".

Tras esta aclaración De la Hoz ha insistido en que "las víctimas son víctimas en todo caso". "La vulneración de derechos humanos es vulneración de derechos humanos con independencia de dónde, cuándo y quién cometa esa vulneración", ha señalado.

El procurador de Vox ha insistido en que esta Proposición de Ley pone de manifiesto el compromiso de los de Abascal de cumplir con lo "prometido" y de "demostrar" su "utilidad" en los gobiernos de los que forma parte, tras lo que ha insistido en que se trata de un texto "bueno".

"Es un texto sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas políticas sin diferenciar a las víctimas por sus victimarios, de tal manera que se da el mismo trato a todas las víctimas, y esto es algo que queremos remarcar", ha señalado Menéndez, quien ha reseñado: "Se termina con una visión sesgada y sectaria de una parte de la historia, eliminando imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial de la historia, algo que consideramos que es impropio o incompatible con un régimen democrático y que por otro lado es propio de regímenes totalitarios".

El portavoz de Vox ha manifestado que esta iniciativa defiende la Constitución y la "unidad" de España frente a quienes gobiernan en contra de esos principios con "ataques" como la Ley de Amnistía que "enfrenta y divide" a los españoles.

La Ley

Una de las novedades que incluye la Ley, que se espera que pueda aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones, es la creación de una Comisión de Exhumaciones que sustituye al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que, tras la aprobación de esta norma, tendrá la capacidad de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas de víctimas.

De este modo, al incluir esta competencia, se ha dejado fuera de la misma a las distintas asociaciones que antes sí formaban parte del Consejo.

Otra de las novedades es que se incluye el derecho subjetivo de todas las víctimas a la "investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos".

En cuanto al articulado de la norma, el Título I recoge el objeto y finalidad de la misma y sus principios generales, así como la concreción del régimen jurídico autonómico de las obligaciones que le son propias.
El Título II, contiene las medidas que adopta la Administración de la Comunidad de Castilla y León para su desarrollo, incidiendo en la necesidad de difundir los valores, libertades y derechos constitucionales desde sus orígenes a la actualidad, lo que constituye también una clara apuesta de convivencia para el futuro.
En este Título se recoge y reconoce el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y se establecen los instrumentos jurídicos necesarios a tal fin, como son el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico.

Por su parte, el Título III se refiere a todo el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

El Título IV, por último, recoge la regulación de la Comisión de Exhumaciones como órgano colegiado, con funciones resolutorias de los expedientes en base a criterios estrictamente técnicos.

En esta Proposición de Ley, en su Disposición Derogatoria se recoge la derogación de todas las disposiciones normativas en aquello que oponga o contradiga a lo dispuesto en la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León y en concreto, el Decreto 9/2018 de 12 de abril.

La Disposición final primera recoge la modificación de la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas de terrorismo de Castilla y León con el objeto de incluir un Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo.