El PSC ha registrado este lunes en el Parlament una proposición de ley que plantea la supresión de las indemnizaciones y pensiones vitalicias que pueden cobrar los presidentes de la cámara catalana al abandonar su cargo.

La proposición, avanzada por La Vanguardia y a la que ha tenido acceso EFE, consta de un artículo único, una disposición transitoria y dos disposiciones finales y llega en un momento de incertidumbre, a la espera de saberse si la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, es o no condenada e inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En las próximas semanas, el TSJC dictará la sentencia de la que pende el futuro político de Borràs, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicárselos a un amigo entre 2013 y 2017.

En este contexto, el PSC se ha avanzado a los acontecimientos y ha movido ficha para cambiar la normativa que afecta a las indemnizaciones para los expresidentes del Parlament.

En la exposición de motivos de la propuesta, los socialistas alegan que la ley de 1988 que regulaba las asignaciones temporales y las pensiones para los presidentes del Parlament cuando cesaban -y también para sus familiares- han quedado desfasadas.

Las circunstancias que dieron sentido a esa ley, señala el PSC, "han cambiado notablemente", ya que no hay actualmente "presidencias ejercidas por personas de larga trayectoria política en la lucha por la recuperación de las instituciones democráticas y que pudiesen haber encontrado serios impedimentos, debido a sus carreras de cotización", para atender sus "necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas", que era la justificación fundamental de esa ley.

Tampoco hay "justificación", según los socialistas, para "un régimen especial de previsión para sus cónyuges viudos".

Además, ha cambiado la "percepción social respecto a este tipo de previsiones específicas" para cargos públicos, percibidas ahora como "un privilegio injustificable".

Por ello, la proposición de ley del PSC plantea un artículo único para "derogar" esos apartados de la ley de 1988 que regulan las asignaciones temporales y pensiones para los expresidentes del Parlament y sus familiares.

La disposición transitoria de la propuesta establece que las personas receptoras de la asignación temporal prevista en la ley de 1988 "pasarán a percibir una asignación mensual equivalente al 20 % de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente del Parlament, durante un máximo de seis meses".

Quienes estén cobrando las pensiones que prevé la ley de 1988, pasarán a percibir una pensión equivalente al 10 o al 5 % -dependiendo del tipo de pensión- de la retribución mensual que corresponde al cargo de presidente del Parlament durante un máximo de seis meses.