El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y dos de sus exconsejeros han solicitado al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio previsto el próximo 17 de noviembre sobre el supuesto desvío de dinero público al proceso independentista catalán de 2017 y a su promoción exterior, en el que está citado.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE este martes, la defensa del expresident solicita la suspensión de esta vista y de todo el procedimiento al considerar que este tribunal no puede pronunciarse sobre su supuesta responsabilidad contable cuando el procedimiento penal que dirige contra él el Tribunal Supremo sigue abierto.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, argumenta, como ya hizo en anteriores ocasiones, que la existencia de dos procedimientos (el del Supremo y el del Tribunal de Cuentas) "con idéntico objeto" vulnera el derecho del expresident y de los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías.

El escrito, que no hace mención a la eventual ley de amnistía que el PSOE está negociando con Junts y otros socios parlamentarios y que podría afectar de lleno a este procedimiento, subraya que el enjuiciamiento contable "sólo se puede ejercer con separación cuando exista sentencia firme en la jurisdicción penal, cuando se trata de unos mismos hechos".

El Tribunal de Cuentas tiene previsto celebrar el próximo 17 de noviembre el juicio que debe determinar si más de una treintena de altos cargos de la Generalitat catalana tuvieron responsabilidad en el desvío de dinero público para la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del 'procés'.

Una vista en la que está citado Carles Puigdemont, ya que la defensa de uno de los demandados solicitó como prueba su interrogatorio.

El tribunal no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud para que declare por videoconferencia y el pasado mes de octubre dictó una providencia en la que señalaba el 17 de noviembre para practicar las pruebas de interrogatorio en su Sala de Justicia.

Fuentes del tribunal indican a EFE que se da por hecho que la citación es presencial, a no ser que se solicite la declaración por videoconferencia, algo que todavía no se ha producido.

Lo que ha solicitado Puigdemont es directamente la suspensión del procedimiento, que afecta a un total de 35 ex altos cargos de la Generalitat catalana, entre ellos sus expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, diversos exconsejeros y numerosos ex altos cargos también procesados en causas judiciales relacionadas con el 'procés'.

La Fiscalía solicita que se les condene al pago de unos 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, eleva los perjuicios ocasionados al erario público a 5,3 millones de euros.