Ocho vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideraron ayer “irresponsable” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusara a la derecha política y judicial de querer atropellar la democracia y reivindicaron “el imperio de la Constitución”.
En un comunicado, los ocho vocales critican las palabras pronunciadas por Sánchez en Bruselas y también las “groseras descalificaciones” de distintos portavoces parlamentarios contra el Constitucional y el Poder Judicial en el Pleno en el que se aprobó la derogación de la sedición, que el PP intentó frenar con un recurso ante el tribunal de garantías.
Los vocales conservadores, que impidieron hasta el momento que el CGPJ nombre a dos nuevos magistrados del Constitucional y, de paso, que el Gobierno designe a otros dos que le corresponden, subrayan que las palabras de Sánchez son “carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía”.
Según recalcan, tanto el Constitucional como los tribunales ordinarios contribuyeron “decisivamente a la consolidación de la Democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución”. Recuerdan además que la Comisión Europea, para respetar el Estado de derecho, exige a los miembros de los gobiernos y parlamentos eviten actuaciones o declaraciones que socaven su legitimidad.
“El Estado de Derecho es la piedra angular de una sociedad democrática, donde los tres poderes y todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la Constitución, bajo cuyo cobijo se garantiza la convivencia libre y pacífica, en condiciones de igualdad”, recuerdan los vocales, que aseguran que los jueces, “con independencia de sus ideas y opiniones”, cumplen con su papel “fundamental” de respetar el orden constitucional y garantizar los derechos de los cuidanos.
Rechazan por ello las “descalificaciones” de Sánchez y llaman “a una convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible a todos quienes desempeñamos responsabilidades públicas”.
Firman el comunicado los vocales Carmen Llombart, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz, Jose Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, José María Macías y María Ángeles Carmona, todos menos uno propuestos en su día por el PP para formar parte del órgano de gobierno de los jueces.
Mientras, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a reprochar al PP que pida elecciones anticipadas a diario, mientras que en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, donde tiene mayoría, no hay elecciones, “ni anticipadas, ni retrasadas”.
“Ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida”, criticó Sánchez en un mitin en Valencia dos días antes de que el pleno del Tribunal Constitucional decida sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal.
Sánchez lamentó que en el PP se dedique a “bloquear” el gobierno de los jueces y la renovación del Constitucional, y añadió que además “si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen: así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país”.
Señaló que en estos momentos la gente se pregunta por qué hay tanto “ruido, crispación e “insulto”, y destacó que el PP, desde hace cuatro años, solo pide una cosa cada día y “para todo”: elecciones anticipadas, lo mismo cuando hay una pandemia, cuando estalla un volcán o cuando Putin ataca a Ucrania.
Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, el ferrolano Miguel Tellado, justificó la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y subrayó que el PP no puede “contribuir a blanquear a un Gobierno que perdió el norte” y busca “controlar” el Poder Judicial. “Hoy España se parece más a Polonia o Hungría en esa materia y no estamos dispuestos a acompañar a Pedro Sánchez en esa deriva”, avisó.
Por su parte, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió a los jueces ante las críticas por llamarles “fachas con toga”, algo que “es incompatible con la democracia”, y ha asegurado que su partido “no va a dar ni un paso atrás” para defender la democracia en España.
Así lo manifestó en la clausura del acto ‘En defensa de un gran país’, celebrado en La Rioja, en el que afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “sabe que ya no puede convencer a los españoles de que eliminar el delito de sedición sea bueno para mantener la unidad de la nación y que devaluar el delito de malversación sea bueno para luchar contra la corrupción”.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, calificó de “insultante” el comunicado y señaló que desde “la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia”.
“Este comunicado es insultante. Con el mandato caducado, los vocales del PP se niegan a dimitir o a cumplir la ley, pero encima quieren que nos quedemos callados ante su golpe a la democracia”, sentenció el dirigente de En Comú Podem a través de un comentario de Twitter.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, denunció el “recrudecimiento” de la “estrategia golpista” de la derecha “político y judicial”, a tenor de la posibilidad de suspender de forma cautelar la reforma del TC.
Al respecto, llamó al Gobierno a tomar todas las acciones para defender “la legalidad y el orden constitucional”, dado que los conservadores “ha abandonado el marco legal y conspira contra el orden constitucional y contra la democracia”.
En este sentido, subrayó que incluso el PSOE “por fin” critica ahora la deriva del “bloque reaccionario” cuando se pasó mucho tiempo “mirando para otro lado sin dejar ni un instante de alentar y buscar “pactos de Estado”.
También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se unió a las cargas contra los ocho vocales conservadores y aseguró que se sienten “identificados” porque son “jueces haciendo política”.
Para Garzón, “estos vocales se han sentido aludidos-identificados en aquello de ‘derecha política y judicial’” y por ello escribieron un comunicado “político” que refuerza esa tesis: “que son jueces haciendo política”.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclamó a los responsables políticos “bajar el tono” para afrontar con “mesura” una reforma necesaria para renovar el Tribunal Constitucional, al tiempo que exigió a los vocales del Consejo General del Poder Judicial responsabilidad para evitar que su mandato caducado “crispe más la actualidad”.
La asociación reclamó también que se respeten las decisiones del Parlamento para superar “el boicot” al que “un grupo de vocales del CGPJ someten la renovación del TC”. Al respecto, la portavoz de JJpD, Ascensión Martín, subrayó que en España “ni hay un golpe de Estado por reformar una ley” ni “ruido de togas por que el TC resuelva un recurso”, por lo que hay que afrontar con “menos dramatismo” la decisión.