La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirmó que es la sede judicial competente para investigar el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ ocurrido en aguas cercanas a la Isla de Terranova (Canadá) el 14 de febrero, que dejó nueve muertos, doce desaparecidos y solo tres supervivientes, de este modo rechazan así un recurso presentado por la Fiscalía, que abogaba por enviar la causa a los juzgados de Vigo.
 

En un auto publicado hoy, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal avalaron la decisión adoptada el pasado 8 de septiembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, por la que acordó quedarse con las pesquisas judiciales.

En aguas internacionales

Cabe recordar que en un principio había dudas sobre cuál era el juzgado competente. La Fiscalía apuntó inicialmente que eran los juzgados pontevedreses de Marín, por ser la ciudad donde se encuentra el puerto base del ‘Villa de Pitanxo’, pero estos rechazaron quedarse con el asunto al considerar que debía investigarse en la Audiencia Nacional porque los presuntos delitos se cometieron en aguas internacionales.
 

En un segundo informe, la Fiscalía señaló como competentes a los juzgados de Vigo, por ser el puerto desde el que zarpó el navío el pasado 26 de enero, una segunda tesis que fue rechazada por el propio Moreno al considerar que no está claro cómo debe aplicarse la ley en este caso concreto y que, dado que ya se ha encargado de hacer las primeras diligencias, le corresponde continuar con las averiguaciones.
La Sala se alinea con Moreno por cuanto recuerda que el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre este tipo de conflictos de competencia indicando que “la instrucción por el hundimiento de un buque español en aguas internacionales corresponde a los juzgados centrales”.
 

A ello añade que la Audiencia Nacional ha sido el primer juzgado en tener conocimiento de los hechos, admitiendo la querella de las familias de los fallecidos e iniciando las pesquisas al tomar declaración a los tres supervivientes.
 

“Ninguna ventaja, y sí indeseables dilaciones, supondría ahora privar al juzgado ‘a quo’ de una competencia, ya aceptada, sobre una causa que está tramitando”, resuelven los magistrados.