Las sentencias relacionadas con delitos de seguridad vial superan el 41% del total de los fallos dictados por los tribunales gallegos el año pasado, según informó ayer el fiscal delegado autonómico de Seguridad Vial, Carlos Gil, que compareció en el Parlamento para analizar datos y tendencias de la siniestralidad vial en la comunidad.
En concreto, según apuntó el fiscal, en 2017 se produjo en Galicia un incremento del 2% de los delitos relacionados con la seguridad vial, que pasaron de 7.001 a 7.154. Asimismo, los fiscales calificaron 5.497 delitos, frente a los 5.397 de hace un año, y se dictaron 5.660 sentencias en la materia.
Carlos Gil incidió, en relación a estas cifras, que son A Coruña y Pontevedra las provincias en las que destaca una mayor incidencia de sentencias relacionadas con delitos por seguridad vial, con un 41 y un 37% del total. A distancia se sitúan Ourense (12%) y Lugo (10%).

No obstante, el fiscal destacó que lo significativo es el lugar que este tipo de delitos supone entre los cometidos en Galicia (un 7%) y entre las calificaciones totales realizadas por el Ministerio Fiscal (casi un 35%%). A mayores, representa el 41% del total de sentencias dictadas en Galicia el año.
Del mismo modo, Carlos Gil puso de relevancia que el 93% de todos los delitos contra la seguridad vial cometidos en Galicia tuvieron en su causa el consumo de alcohol o drogas y la conducción sin carnet.
Tras destacar la “implantación cultural” del consumo de alcohol asociado a la conducción en Galicia, el fiscal delegado ha apostado por “destinar la mayoría de los esfuerzos” al ámbito de los conductores sin carnet y a la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, dado que suponen las causas más frecuentes.
Por parte de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia, ha destacado, se realizaron más de 790.000 controles de alcoholemia y más de 8.000 de drogas (el 44% positivos), que dieron lugar a casi 11.000 y 3.680 denuncias..
Del mismo modo, el cuerpo realizó cuatro millones de controles de velocidad, que supusieron casi 140.000 denuncias.
El fiscal delegado hizo hincapié en su relevancia para detectar “responsabilidades”, administrativas o penales, de algún Centro de Reconocimiento de Conductores que no haya realizado su función “correctamente”.