La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde de la ciudad presentó una denuncia contra el diario La Región por un presunto delito del artículo 197 del Código Penal -descubrimiento y revelación de secretos-, denegó al regidor ourensano su solicitud, como medida cautelar, de prohibición de difusión de unas grabaciones de conversaciones que mantuvo con terceras personas.

La jueza explica en el auto, facilitado ayer a la prensa por el alto tribunal gallego y contra el que cabe presentar recurso, que “no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación”.

Así, la magistrada subraya que “no consta fotografía o inspección ocular de los que resulte dispositivo técnico de ninguna clase ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada, ni tampoco informe pericial que acredite el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo”.

La instructora destaca que la prohibición de difusión en medios de comunicación y redes sociales requiere autorización judicial “mediante decisión motivada que compruebe la proporcionalidad de la medida”.

Por su parte, el BNG formalizó ayer la querella en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense para que se investigue al alcalde de la ciudad por un presunto delito de falsedad documental.

Todo ello después de hacerse públicos el medios de comunicación unos audios en los que se escucha al regidor -de Democracia Ourensana-  pedir a funcionarios que se identifiquen como conductores de un coche oficial, que habitualmente conduce él, tras ser multado en Vigo.