La última prórroga de la concesión de la autopista AP-9, la que aprobó el Gobierno de Aznar en el año 2000, entrará en vigor a partir de hoy, fecha en la que debería terminar dicha concesión (ya prorrogada previamente por el PSOE en diez años, desde 2013 a 2023), y empezará a contar en ese momento el plazo extraordinario de 25 años adicionales validado por el entonces ministro Rafael Arias Salgado, hasta agosto de 2048.
 

En este escenario, la Autopista del Atlántico, principal vía de vertebración del territorio gallego, sigue siendo objeto de debate, especialmente después de que, tras la convocatoria del proceso electoral del pasado julio, el proceso de transferencia a Galicia haya quedado en el aire sin completar.
 

Por otra parte, la ampliación de la concesión hasta 2048 está bajo la lupa de la Comisión Europea que, en septiembre de 2021 anunció la apertura de expediente a España por ese periodo de explotación extra, sin haber convocado una licitación pública.
 

Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no cumplió con sus obligaciones en esta materia.
 

La asociación gallega En-Colectivo presentó en julio de 2020 una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 —hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González— y en 2000 —hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar— vulneraban la normativa comunitaria. Esta entidad reclama al Gobierno que se anule la concesión y que se devuelvan los cobros indebidos de peajes desde 2013.
 

Audasa anunció en su momento que, si ese procedimiento de infracción acababa con el fin de la concesión, reclamaría ser compensada en más de 1.000 millones de euros.
 

A día de hoy, la Comisión todavía no ha dictaminado, algo que para En-Colectivo puede ser indicio de que “se está haciendo una investigación en profundidad”. Su presidente, Diego Maraña, ha lamentado, no obstante, que “hace cuatro años el BNG obtuvo un compromiso del Gobierno para la transferencia de la autopista y para devolverla a los gallegos”, pero “cuatro años después la situación no ha cambiado”.

Grupos parlamentarios

Precisamente, a principios de esta semana, el BNG recordó que, si no fuera por la prórroga aprobada por el PP, desde hoy la Autopista del Atlántico “sería gratuita”.
 

El diputado nacionalista Luís Bará anunció que el BNG volverá a presentar iniciativas en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados para lograr el “doble objetivo” de una AP-9 “gallega y libre de peajes”.
 

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, incidió en que “el auténtico problema para Galicia con respecto a la AP-9 tiene nombre propio exclusivo, el del PP, el PPdeG”.
 

Mientras, el grupo del PPdeG registró el pasado mes de junio una proposición de ley, para dirigir al Congreso de los Diputados, para la transferencia de la AP-9.