Las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo han pedido este jueves al juez que investiga las circunstancias de este siniestro que reclame al Gobierno el regreso de la expedición que partió el pasado miércoles para buscar los restos del barco sin que el magistrado diese antes su aprobación.

Tras conocer pocas horas antes la partida de dicha expedición, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se dirigió al Ministerio de Transportes, organismo del que depende la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), para reiterar que la coordinación de la bajada al pecio compete a la Audiencia Nacional, como ya hizo en un escrito del pasado 9 de mayo.

Dio además traslado de este escrito a las partes personadas para alegaciones, y este jueves los familiares de las víctimas mortales del naufragio, ocurrido el 15 de febrero de 2022 en aguas próximas a la isla de Terranova (Canadá), han reclamado que regrese la expedición puesta en marcha por el Ministerio y que se depuren las correspondientes responsabilidades por esta decisión.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, además de no haber autorizado la partida de esta expedición, el juez tampoco ha sido informado sobre los peritos que la integran, ya que además estaba aún pendiente que se pronunciara acerca de la viabilidad de que se nombrara un perito de parte, y desconoce quiénes son finalmente los peritos que van en el barco, que partió del puerto de Vigo.

Además, antes de que zarpara el barco fletado por Transportes, el buque Ártabro, el juez había pedido que se le aportara documentación sobre esta embarcación, y el mismo miércoles recibió únicamente el contrato firmado con la empresa propietaria del buque y un link en el que se supone que está la documentación que reclamaba.

El magistrado está aún pendiente de que se pronuncie sobre este asunto el fiscal del caso, y una vez éste haya informado al respecto, decidirá sobre la iniciativa adoptada por el Ministerio de Transportes y la petición de los familiares.

La CIAIM informó el miércoles al juez en un oficio de la partida del barco ese mismo día "para la operación de localización y toma de imágenes del pesquero".

Poco después, las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio tildaron ya de "unilateral" la decisión de la CIAIM y alertaron de que "pone en peligro" la validez de las pruebas que se encuentren, según indicó su portavoz, María José de Pazo.

En la misma línea en la que se pronunció el magistrado, denunciaron que la salida del buque "debe ser de acuerdo con el juzgado" y reprocharon que la CIAIM esté haciendo "caso omiso" a los requerimientos de la Audiencia Nacional.

La expedición debe contar con la intervención de los peritos judiciales y de las partes y de la propia CIAIM, y consiste en rastrear una superficie de 25 kilómetros cuadrados cada día y, una vez encontrado el pecio, enviar un robot submarino para tomar imágenes de los restos.

La compañía viguesa ACSM Shipping fue la adjudicataria del contrato licitado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para realizar estos trabajos, que costarán 2,85 millones de euros.

En el naufragio, solo tres personas sobrevivieron a la tragedia: el patrón del buque, su sobrino y un marinero de origen ghanés. El primero está investigado en la Audiencia Nacional.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha trasladado este jueves en Galicia la "colaboración total y absoluta" del Gobierno con la Audiencia Nacional y ha deseado que la "labor de investigación se desarrolle con éxito".

A preguntas de los medios durante un acto de campaña del PSOE en Ferrol, ha indicado que la CIAIM "es independiente funcionalmente del Ministerio", del que ha dicho que ha participado "asumiendo el coste de la contratación del robot" necesario para las labores encargadas.

"(Transportes) Va a colaborar siempre que sea preciso con la Audiencia, de quien depende ahora toda la investigación", ha manifestado Sánchez, para incidir a continuación en que han sido respondidos todos los "requerimientos y peticiones de información".

Sánchez ha trasladado finalmente su deseo de que la "autoridad judicial y las familias consigan aquellas pruebas precisas que ayuden a esclarecer los hechos" que provocaron la muerte de 21 marineros.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido también en esta jornada el regreso a puerto del barco. Desde la tribuna del Congreso, el político nacionalista ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una "rectificación urgente" tras haber autorizado la salida del buque Ártabro "para no estropear todo y evitar que la expedición de investigación sea en vano".

"El barco debe volver para garantizar la fiabilidad de las pruebas en la bajada al pecio del Villa de Pitanxo", ha sostenido el diputado nacionalista.

Néstor Rego ha lamentado la actitud del Gobierno por "negarse a colaborar" con la Audiencia Nacional y "desoír" ocho requerimientos del juzgado, uno de ellos con una orden de no salir hacia Canadá "sin que estuvieran a bordo todos los peritos judiciales".

El diputado del BNG ha recordado que este naufragio está siendo investigado por la Audiencia Nacional por 21 delitos de homicidio imprudente, por lo que no contar con el aval judicial "puede poner en riesgo" la validez de las pruebas que halle la expedición.

Además, Rego ha asegurado que es "inaudito" que el Ministerio de Transportes desobedezca al tribunal "después de tardar más de un año en establecer el dispositivo para bajar al pecio" y no garantice por lo tanto la "solidez" de la cadena de custodia de las pruebas recogidas.

"El Gobierno debe cumplir con los protocolos establecidos, tanto en las fechas para la salida como el levantamiento y custodia de las pruebas y el registro de imágenes de vídeo de los restos", ha sentenciado el diputado del BNG.