La Comisión Mixta entre el Estado y la Xunta formalizó este miércoles el acuerdo para transferir a Galicia las competencias de ordenación y gestión del litoral, un traspaso se hará efectivo el 1 julio, una vez que se supere el que será ya el trámite definitivo y el decreto se publique en los boletines oficiales autonómico y estatal.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda pasará a tener el control sobre autorizaciones y concesiones de la comunidad de España con más kilómetros de costa –más de 2.500– en los que se asientan más de 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de 100 empresas del complejo mar-industria, que la Xunta ve “esenciales” para la economía gallega.

Del alcance de este paso “histórico” –se trata del primer traspaso a la comunidad tras casi 17 años– informaron en una comparecencia conjunta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente gallego, Alfonso Rueda.

Rueda, tras la sesión de control en el Parlamento, se dirigió a la praza do Obradoiro para recibir a Torres. En uno de los edificios emblemáticos del Obradoiro, la 44ª comisión mixta (con representantes de ambas administraciones) ratificó, en un clima marcado por el “buen tono”, un acuerdo cuyo camino no estuvo exento de baches.

El Estado destinará más de 1,2 millones anuales para que la comunidad pueda financiar los servicios transferidos

Tras la comisión mixta, Rueda y Torres mantuvieron un encuentro, que antecedió a una comparecencia conjunta que presenciaron cargos de Xunta y Gobierno, representantes de los empresarios; diputados de PPdeG, PSdeG y BNG; y el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, entre otras autoridades y miembros de la sociedad civil.

Torres se abrió a dialogar sobre nuevas transferencias que demanda la Xunta. Rueda remarcó tras la reunión que “no dijo que no a nada” y “entendió perfectamente” la petición relativa a los permisos de trabajo a extranjeros, por ejemplo. El ministro señaló que, con este acuerdo se dará una colaboración “mucho más efectiva” y “estrecha” entre administraciones.

“Va a haber una cogobernanza”, garantizó Rueda, quien aseguró que Galicia respeta las competencias y las leyes del Estado y solo aspira, desde la lealtad institucional y sin afán de confrontar, a que se pueda trabajar “mejor” y con una mayor eficacia. Asimismo, manifestó su deseo de que cunda el ejemplo y se pueda avanzar en reforzar el autogobierno desde “el diálogo”.

“Mejora de los servicios” 

Torres remarcó que su departamento va a seguir trabajando con Galicia y con el resto de comunidades en el traspaso de competencias al considerar que un mayor autogobierno redunda “en la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía”. “Y este traspaso, que se ha hecho en las mismas condiciones que a otros territorios que han reclamado la competencia, es un ejemplo de confianza plena en el Estado de las autonomías”, defendió el ministro.

Entre las competencias transferidas están las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, así como la tramitación e imposición de sanciones. 

Dentro de las funciones y servicios que se reserva el Gobierno estatal están la de fijar el importe de los cánones por el uso del dominio público marítimo-terrestre; o el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija una razón de interés general vinculada a su ámbito. También la potestad sancionadora derivada de sus competencias. El acuerdo también establece una serie formas de cooperación entre las dos administraciones en diferentes materias. 

Recursos

En cuanto a los recursos que acompañan a la transferencia, según verbalizó el ministro, el coste total efectivo de la transferencia supera los 1,2 millones de euros. Fuentes de la Xunta clarificaron que el acuerdo contempla un abono único de 687.332,90 euros para compensar el uso de espacios; y 1.219.005,36 euros anuales para financiar los servicios transferidos, lo que se traduciría casi dos millones en este ejercicio, y 1,2 millones anuales en lo sucesivo.

En cuanto a los medios, la relación de funcionarios y de personal laboral que se traspasan a la comunidad en los distintos servicios y demarcaciones de costas superan la treintena. Además, se transferirá más de una decena de vehículos.