El Gobierno de España ha alegado "indefensión" ante el expediente infractor abierto por la Comisión Europea por la presunta infracción normativa en la ampliación de la concesión de la AP-9, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar, y ha señalado que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión "más de 20 años después" con base a una jurisprudencia que no se puede aplicar en este caso.

Así se recoge en el informe del Ejecutivo remitido hace unos días a la Comisión, en respuesta a la segunda carta de emplazamiento enviada a España en relación con este procedimiento, según han confirmado fuentes europeas a Europa Press.

En esa respuesta, el Gobierno insiste en que la normativa comunitaria sobre contratación pública no se puede aplicar a la ampliación de la concesión porque concurren los requisitos de la llamada excepción 'in house', ya que la concesionaria estaba en ese momento controlada por el Estado y realizaba su actividad para el Estado, quedando vedada la participación de accionistas privados, de modo que no resultan de aplicación los principios de igualdad de trato y de transparencia.

Asimismo, expone que no se puede aplicar a este caso la directiva europea sobre reglas de publicidad, ya que dicha directiva no regula las modificaciones de las concesiones.

Por otra parte, señala que la venta de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa) no está sujeta a la normativa armonizada sobre contratación pública, al tratarse de un acto jurídico diferente: una privatización. Y añade que los principios generales de igualdad de trato y transparencia se cumplieron "escrupulosamente" en ese proceso de venta.

Indefensión

Tras subrayar que no se produjeron las supuestas infracciones de las que habla la Comisión, el Gobierno de España indica que se ha producido una "vulneración del principio de seguridad jurídica" en las actuaciones de la Comisión, "que pretende cuestionar, más de 20 años después, y sobre la base de argumentos basados en jurisprudencia inaplicable al presente asunto", la ampliación de la concesión y la privatización de Enausa.

En su respuesta, el Gobierno español quiere dejar constancia de la "indefensión" que se produce en la tramitación de este expediente que, advierte, "abunda en presunciones y juicios de valor", y lamenta también los "graves perjuicios que su indebida prolongación genera" tanto al Estado español como a terceros, "aspectos que la Comisión debería remediar".

Tras recordar que los procedimientos de infracción en la UE deben basarse "en un planteamiento presidido por la mayor objetividad, nunca en suposiciones", concluye que "no se ha producido ningún incumplimiento" de la directiva europea sobre reglas de publicidad, ni de los principios de igualdad de trato y transparencia.

Decisión que no comparte

Además de estas cuestiones técnico-jurídicas, cuando esta respuesta fue remitida a la Comisión Europea, fuentes del Ejecutivo trasladaron también que, aunque no comparten la decisión adoptada por el gobierno de Aznar en el 2000, es su responsabilidad "velar por el interés general".

Con esa posición, el Ejecutivo trata de evitar al alto coste que supondría tener que anular la concesión, en manos de un operador privado (Audasa), con el consiguiente pago de las compensaciones. Ese coste fue cifrado en su momento por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, en unos 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 2.000 millones en caso de que se formalizase la transferencia a Galicia.

El gobierno ha defendido su actuación en el ámbito de la aplicación de bonificaciones para reducir el impacto de los peajes en los usuarios. Así, ha recordado, en julio de 2021 se aprobó un nuevo esquema de bonificaciones para la AP-9 que ha permitido a los usuarios ahorrarse más 127 millones de euros hasta final de junio de 2024, una media de 3,6 millones de euros al mes. Además, ha señalado, los usuarios de los tramos Vigo-Morrazo y A Coruña-Barcala se han ahorrado, desde 2018 hasta final de 2023, unos 83 millones de euros.

Igualmente, desde el 1 de enero de 2023 se ha aplicado una subvención para limitar la subida de las tarifas en todas las autopistas por la revisión anual del IPC. En el caso de la AP-9, los usuarios se han ahorrado hasta junio de 2024 unos 15 millones de euros en peajes.