El Parlamento de Galicia aprobó este martes la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, la primera de esta legislatura, con solo el apoyo de la mayoría parlamentaria del PPdeG, junto con el grupo mixto, y el voto en contra de la oposición, BNG y PSdeG.
Nacionalistas y socialistas coincidieron, en el pleno, en votar en contra de esta ley que consideran una “oportunidad perdida” para regular en serio la explotación de recursos naturales y “privatizadora” de estos recursos, así como un intento de “greenwashing” o “teñir de verde” la falta de política energética de la Xunta.
Pero aparte del fondo también criticaron la forma, ya que para el BNG el PP pecó de “absolutismo” sin escuchar las enmiendas de la oposición, ni de los ayuntamientos y asociaciones, según el diputado José Manuel Golpe; mientras Patricia Iglesias (PSdeG) dijo que más que rodillo el grupo mayoritario ha aplicado “la apisonadora”.
El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, defendió que la ley cumple su objetivo de “garantizar que cualquier proyecto de renovables redundará en beneficios directos y medibles para el conjunto de la población”, al tiempo que “no merma una sola garantía ambiental” para estos proyectos.
Sin embargo, para Golpe la nueva normativa es “un caballo de Troya” y un “cajón de sastre” que solo supone “más discrecionalidad” para entregar Galicia a los intereses de grandes empresas, como una auténtica “colonia energética”, ya que solo “ahonda en el expolio” y no cambia el modelo energético actual.
Para Iglesias es “una gran oportunidad perdida” para Galicia y “llega tarde mal y arrastro”, aparte de significar solo una mezcla de otras leyes existentes “mezclado todo en una coctelera” sin orden para “esconder una privatización” de los recursos.
La ley de recursos naturales de Galicia, que entrará en vigor al día después de su publicación en el DOG, incluye la sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG) para participar en los proyectos de renovables, ya constituida, y la comercializadora de energía que esta proyecta crear para empezar a operar en 2025.
Precisamente respecto a esta comercializadora advirtieron los grupos de la oposición de que ven un riesgo de “dumping”, por una posible venta a pérdidas de la energía, y la diputada socialista afirmó que “ni es pública, ni social, ni abaratará la factura de los gallegos”, sino que solo beneficiará a las empresas que elija el Gobierno gallego.
Por su parte, el parlamentario nacionalista criticó el “disparate” de la RDG, con solo un 30% en manos de la Xunta y el resto de empresas privadas, y la comercializadora, de la que cuestionó “cómo va a contribuir a luchar contra la pobreza”, cuando la Xunta elimina el complemento autonómico al bono térmico mientras “el 21,6% de los gallegos está en situación de pobreza energética”.
Pazos reprochó la “irresponsabilidad” de la oposición por no querer contribuir al propósito de la ley de “dejar a nuestros hijos una Galicia aún mejor” y les ha acusado de rechazar los proyectos energéticos porque “quieren la cosecha, pero no están dispuestos a trabajar la tierra”.
Por eso, les advirtió de que en política industrial es “más importante invertir que embestir” y aunque quieran seguir dando “cornadas” a los proyectos industriales “más cornadas da el hambre”. Así que el PP “no va a condenar a este pueblo a un futuro sin industria y con hambre que están ustedes defendiendo”, espetó a la oposición.