La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo jueves, día 27, el juicio contra dos mujeres acusadas de mantener encerrada e incomunicada, sola y en condiciones insalubres, a una anciana en situación de vulnerabilidad de la que se hicieron cargo y a la que, durante más de un año, robaron algo más de 30.000 euros.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, una de las procesadas conoció a la mujer, que contaba entonces con 83 años y acababa de quedarse viuda, porque la trasladaba habitualmente su pareja, que era taxista.

La víctima, explicita, era una persona "muy vulnerable", tanto por su avanzada edad como porque es portuguesa y no contaba con familia ni amigos en España. La mujer también tiene deterioro cognitivo leve y necesita ayuda y supervisión para la mayoría de las actividades diarias, por lo que era asistida por los servicios sociales municipales de Cospeito.

En marzo de 2022, la mujer ingresó en el Hospital Lucus Augusti por la caída y permaneció ingresada unos días. Cuando le dieron el alta, una de las acusadas se personó en los servicios sociales para comunicar el traslado de residencia de la anciana a una vivienda que había alquilado ella, renunciando al servicio de asistencia a domicilio.

Tanto en esa vivienda como en otra a la que posteriormente la trasladó, es decir, entre marzo de 2022 y abril de 2023, la anciana "permaneció sola, encerrada y en contra de su voluntad", recoge el escrito de acusación, que explica que la otra procesada fue contactada por la primera para llevarle la compra a la mujer de forma periódica.

Las acusadas acudían a llevarle la compra cada cierto tiempo y la dejaban "encerrada con llave" y sin posibilidad de abrir la puerta, sin sacarla a la calle ni ayudarla con las tareas de aseo de ella misma y de la vivienda.

Así, Fiscalía considera que la mujer era obligada a vivir en "condiciones insalubres" tanto ella misma como la vivienda, dado que las acusadas no le prestaban ayuda, no le hacían la comida ni le proporcionaban la medicación prescrita ni la llevaban a revisiones médicas. La mujer llegó a permanecer sentada en un mismo sofá durante semanas y no le permitían a los servicios sociales atenderla, dado que habían desconectado el botón de teleasistencia.

Mientras tanto, una de las acusadas aprovechó para apoderarse de 31.630 euros de las cuentas de la anciana, a través de 63 reintegros en efectivo.

La situación de encierro terminó el 14 de abril de 2023, cuando la mujer consiguió activar el botón de teleasistencia de la Cruz Roja "y pedir socorro".

El Ministerio Público considera a una de las mujeres autora de un delito contra la integridad moral, otro de detención ilegal y otro de estafa agravada. A la otra le atribuye un delito contra la integridad moral y otro de detención ilegal.

Pide para ellas penas de ocho años y tres meses de prisión y de seis años y tres meses, respectivamente, así como que devuelvan a la mujer el dinero sustraído y la indemnicen con 10.000 euros.