El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde alertó de que solo una “pequeña parte” de la violencia machista llega a los juzgados gallegos. Además, apeló a la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante una situación “insostenible”.
“Solo el esfuerzo y la voluntad personal y diaria de quienes ocupan los juzgados y tribunales lleva a evitar que la ciudadanía, destinataria final del servicio público de la Justicia, sufra continuamente las consecuencias de este dislate”, apostilló.
Lo ha hizo en la apertura, en la sede del Superior de Justicia, del Año Judicial con presencia, entre otras autoridades, del fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; el vicepresidente segundo y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
En su discurso, y como en años anteriores, incidió en los casos de violencia machista. Y es que el presidente del TSXG alertó que solo una “pequeña parte” llega a los juzgados por lo que abogó por un “frente contra el maltrato”.
“España es hoy un país más consciente y menos tolerante con el machismo gracias a la valentía de quienes denunciaron conductas que hasta hace poco eran asumidas con normalidad”, ha subrayado.
Además, dijo que “de los 85 enjuiciados en 2022 en las audiencias provinciales por delitos contra la libertad sexual, el 89% tenía relación con las víctimas, la mayoría menores y de su círculo familiar”.
No obstante, aseguró que en Galicia “la violencia oculta disminuye” ya que en el primer trimestre de este año el número de denuncias aumentó un 3% y el año pasado un 12%.
Por otra parte, a nivel organizativo, ha afirmado que el objetivo es contar con juzgados exclusivos de violencia de género en las siete principales ciudades de Galicia, y no solo en A Coruña y Vigo. También ha incidido en la importancia de reducir los tiempos de respuesta a los asuntos judiciales, especialmente los vinculados a este ámbito.
Mientras, el fiscal superior de Galicia reclamó un Pacto de Estado para la Justicia que no solo busque “el consenso en determinadas cuestiones puntuales”, sino que también, y sobre todo, lleve un incremento considerable del presupuesto”.
“En algún momento, algún gobierno debe dar el paso definitivo para cambiar la dinámica que existe que es de extrema contención de la inversión en Justicia”, recalcó Suanzes, quien citó una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asunción de la instrucción por el Ministerio Fiscal como “objetivos inaplazables”.
En el ámbito de los delitos, alertó del alza de los casos de delincuencia informática, especialmente de las estafas; de la seguridad viaria, con un aumento del 11% de los delitos vinculados a la misma o el incremento de los casos de corrupción económica y social, de un 23%.
Junto a ello, demandó medidas para reducir la siniestralidad laboral, al tiempo en que incidió que la violencia machista “sigue siendo una prioridad” para la Fiscalía.