El PSdeG presentará una demanda judicial contra la Diputación de Ourense por irregularidades en la repartición de fondos públicos, anunció este viernes el diputado Juan Carlos Francisco Rivera.

El parlamentario anunció esa iniciativa durante su intervención en una comisión del Parlamento de Galicia en la que preguntó a la directora general de Administración Local de la Xunta, Natalia Prieto, sobre las irregularidades en la atribución de fondos públicos por parte de la Diputación de Ourense denunciadas por el Consello de Contas, un órgano fiscalizador independiente.

Francisco Rivera indicó que los informes del Consello de Contas mencionan "anomalías muy graves", tales como que un 24 % de las subvenciones se otorgaban de forma nominal y un 80 % de los contratos menores "se adjudicaban a dedo", en gran parte a empresas vinculadas a "cargos electorales del PP", que gobierna en esa institución provincial.

Ante esa situación de "nepotismo, clientelismo y enchufismo" por parte de la los dirigentes de la Diputación de Ourense y de "ninguneo" a los municipios gobernados por otras formaciones políticas que "no reciben ninguna ayuda", el diputado del PSdeG preguntó a Prieto si la Xunta considera adecuada esa situación.

A título de ejemplo, indicó que el Ayuntamiento de Verín recibió entre 700.000 y 800.000 euros anuales de la Diputación de Ourense cuando gobernaba el PP, pero a partir de 2015, en que pasó a ser dirigido por el PSOE, "no recibió un solo euro", mientras otros municipios vecinos más pequeños perciben unos 400.000 euros.

La representante de la Xunta aseguró que "no tiene ninguna competencia" sobre esos asuntos y "respeta la autonomía local", por lo que "no hará ninguna interferencia" y opinó que eso debería corresponder a los diputados de la asamblea provincial.

El diputado autonómico consideró que la argumentación de Prieto es una prueba del "cinismo de la Xunta" que calificó de "demoledor", al señalar que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y sus conselleiros suelen "opinar de todo", también "inmiscuirse en la autonomía local" o sobre criterios de reparto de fondos europeos, y observó que las irregularidades en la Diputación de Ourense están contenidas en un informe del Consello de Contas, un órgano estatutario.

Por ello, ante la falta de reacción de la Xunta respecto a los ciudadanos de municipios que tienen la "mala suerte" de no ser gobernados por el PP, su formación "acudirá a los tribunales" para defender los intereses de esa población que considera marginada por votar a otros partidos políticos.

"La Xunta no puede, a nuestro juicio, hacer un desviación de responsabilidades" cuando se produce un "ataque a la esencia de la democracia" en la diferencia de trato a los ciudadanos en función del lugar en que residen o del color político del partido que gobierna en su municipio, concluyó el parlamentario.