El protocolo de actuación en la asistencia integral a las víctimas de del delito, con especial atención a las de violencia de género y otras especialmente vulnerables servirá de guía para el desarrollo para las oficinas de atención a las víctimas del delito (OAVD) de las siete ciudades gallegas en el ámbito de la justicia. El objetivo es armonizar y unificar las funciones del personal de este servicio con el que se pretende “garantizar una total protección”.

Las oficinas de atención a las víctimas de delitos prestan una atención “integral, coordinada y especializada” para dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, sicológico y social. Por eso, este protocolo, explica la Xunta, que lo analizó este jueves en la reunión de su gobierno, este protocolo fija los criterios de actuación que coordinen la actividad de los colectivos profesionales que, en su ámbito de la Administración de Justicia, cuentan con competencias en el trato, atención y protección a las víctimas.

El protocolo pretende reforzar la coordinación entre las oficinas, órganos judiciales, fiscalías y demás instituciones públicas implicadas en estas actuaciones. Incluye la intervención sicológica y asistencial en que los profesionales de la sicología y de trabajo social llevan a cabo una atención individualizada de la víctima, con el objetivo de prestarle la atención e información que precisan.

ACTUACIONES

De esta manera, se preparan a las víctimas para el procedimiento, se realiza la evaluación para solicitar medidas de asistencia y protección durante el proceso, y las acompañan y derivan a los servicios especializados disponibles según sus necesidades.

El protocolo se aplica a las mujeres víctimas de violencia de género y a los hijos e hijas, así como a las personas sujetas a la tutela de estas mujeres; a las personas mayores de edad víctimas del delito; a las víctimas de agresiones sexuales o de trata de seres humanos; o en otros casos de especial vulnerabilidad o gravedad del delito como los menores víctimas de abuso o maltrato y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

El documento recoge un acompañamiento completo hecho por un equipo sicosocial en las siete grandes ciudades y con un ámbito de actuación que abarca todo el territorio gallego, lo que permite un “control y seguimiento de las víctimas durante el proceso penal y por el tiempo preciso en función de las circunstancias de cada caso.

Hay cuatro fases de asistencia: acogida-orientación, en la que los funcionarios de la Administración de Justicia acogen a la víctima y registran el expediente; fase de información, en la que distintos profesionales ponen a disposición de la víctima la información correspondiente; tercera, en la que cada profesional trabaja en coordinación con el resto de los operadores jurídicos y asistenciales para garantizar la protección y bienestar de la víctima y evitar revictimizaciones; y una cuarta, la de seguimiento, en la que se llevará a cabo una evaluación de la ejecución de las medidas de protección adoptadas.

CIM Y PUNTOS DE ENCUENTRO

Por otro lado, el Consello de la Xunta abordó la resolución del nuevo pograma de ayudas a las entidades. Así, el Gobierno gallego aprobará en próximas fechas 760.000 euros para ampliar el presupuesto la mejora de los 74 Centros de Atención á Muller (CIM).

Además, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, transferirá a 523.237 euros a Política Social para contribuir a la ampliación y mejora de los puntos de encuentro familiar.

En la misma reunión del Gobierno de este jueves se ha autorizado un convenio de colaboración entre Política Social y la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (Ategal) para dar continuidad al desarrollo de las aulas sénior de Galicia un año más. El presupuesto de este acuerdo volverá a ser de 190.000 euros, la misma cantidad que en 2022 y un 25 por ciento que en 2021.