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sábado | 23 noviembre | 2024
La Xunta destina cerca de 14 millones de euros en los presupuestos de 2023 a la prestación de asistencia jurídica gratuita en el marco de la colaboración con el Consello da Avogacía Galega.
Así se lo trasladó el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, a la presidenta de la entidad Lourdes Carballo, en un encuentro para ahondar en las líneas conjuntas de actuación. En la reunión también participó el director general de Xustiza, José Tronchoni.
En concreto, en este marco de acción se incluye el acuerdo para compensar a profesionales de la abogacía designados al turno de oficio por requerimiento judicial cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho de asistencia gratuita, en el que el Gobierno gallego invierte cada año 200.000 euros.
Según apuntó Diego Calvo en el encuentro, la Administración autonómica viene introduciendo en los últimos años tanto incrementos en las compensaciones como mejoras en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita, fundamental para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia.
Así, en 2021 se incrementaron las compensaciones económicas que perciben los profesionales del turno de oficio, tras el aumento de un 15% de promedio en los baremos que perciben colegios de abogados y de procuradores de la comunidad por atender este servicio. Además, Galicia es una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por estos entes colegiales. Desde 2010, la inversión de la Xunta en el servicio de asistencia jurídica gratuita suma cerca de 140 millones de euros.
Otra de las líneas fundamentales de colaboración de la Xunta con el Consello da Avogacía Galega que se abordaron en el encuentro se enmarca en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Se trata de los acuerdos a través de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para la atención tanto a las mujeres y menores que sufren la violencia de género como a las víctimas de violencia sexual.
En este último caso, el Gobierno gallego destina 258.000 euros para que las mujeres que sufren violencia sexual dispongan siempre de un abogado especializado en delitos contra la libertad sexual, que la asista en relación con la denuncia y le preste asesoramiento jurídico y acompañamiento iniciales, con independencia de que la víctima tenga o no recursos para litigar.
En cuanto a la atención a las mujeres y menores que sufren la violencia de género, la colaboración del Gobierno gallego se centra en la financiación y desarrollo de acciones de formación especializada dirigidas a profesionales de la abogacía.
Los cursos, a los que se de destinan 40.000 euros, incluyen módulos específicos sobre menores y violencia de género, mujeres extranjeras y aspectos psicológicos y sociales, con información de los recursos y programas existentes en Galicia.
A mayores, la Xunta y el Consello da Avogacía Galega colaboran en el desarrollo de programas de mediación familiar y en el ámbito penitenciario.
Se garantiza así el funcionamiento en todas las ciudades gallegas de la mediación familiar intrajudicial de la mano de los colegios de abogados junto con las universidades, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, según asegura la Xunta en un comunicado.
