Alcaldes, concejales y otros cargos electos en Francia, que son objeto de un creciente número de agresiones y ataques como se vió con los disturbios de los últimos días, van a tener un dispositivo de protección jurídica y policial al que el Gobierno dotará con una partida de cinco millones de euros.

La ministra de Administraciones Territoriales, Dominique Faure, presentó ayer una docena de medidas, la primera una protección jurídica cuando quieran denunciar a las personas que les agreden o les acosan, con una cobertura automática que irá acompañada de un aumento del reembolso de los gastos de procedimiento. 

El Estado asumirá el costo de los seguros necesarios para esos procedimientos para los municipios de menos de 10.000 habitantes, en lugar de 3.500 hasta ahora, precisó Faure en una entrevista al diario ‘Le Monde’.

Se propondrá a los que se consideren amenazados “un botón de llamada” que podrán llevar en el bolsillo y accionar cuando se sientan en peligro para avisar a cinco números de teléfono programados con anticipación para que alguien descuelgue. 
Ese botón supone, además, la geolocalización inmediata de la persona.

Tras la dimisión en mayo del alcalde de la localidad de Saint Brevin les Pins, Yannick Morez, que sufrió el incendio criminal de su casa tras meses de acoso por la instalación en su municipio de un centro para demandantes de asilo, se puso en marcha un programa de prevención, llamado “paquete de seguridad”. 

En apenas un mes y medio, se inscribieron1.769 alcaldes y en total hay 5.159 cargos electos que registraron su número de teléfono para poder ser identificados y eventualmente socorridos de forma rápida.

La ministra explicó que se van a dedicar tres millones de euros para instalar cámaras de vigilancia en los ayuntamientos o en los domicilios particulares de los alcaldes.

El Gobierno de Macron prevé presentar un proyecto de ley en otoño para poder endurecer las penas contra los agresores, mediante una circunstancia agravante para los que acosen a los representantes municipales, lo que los equiparará a los agentes de la autoridad en uniforme, como los policías.

En los disturbios que se extendieron por Francia desde el pasado 27 de junio y durante más de una semana –aunque en los últimos días fueron a mucho menos– hubo agresiones físicas contra 17 de esos representantes municipales o miembros de sus familias.