Empresarios, coleccionistas de armas y amigos de políticos están en el punto de mira de las autoridades brasileñas, que intentan desenmascarar a los arquitectos del asalto a los tres poderes cometido por bolsonaristas radicales en Brasilia. Mientras, el presidente del Gobierno, Lula da Silva, lamenta que su rival en las elecciones, Jair Bolsonaro, todavía no haya aceptado oficialmente la derrota.

La Policía mantiene a 727 personas detenidas por su presunta participación directa en la intentona golpista de derrocar al presidente y devolver por la fuerza al exmandatario Jair Bolsonaro.

Pero aún falta por descubrir quiénes financiaron la llegada a Brasilia de miles de partidarios del líder ultraderechista y si hubo una “omisión” deliberada de los responsables de seguridad que permitió a los extremistas sembrar el caos durante cuatro horas en la capital brasileña, como sospecha el Gobierno de Lula. Las investigaciones, según los autos que tramitan en la Corte Suprema, indican que fue una acción “orquestada”.

“No vamos a dar tregua hasta descubrir a los responsables”, afirmó Lula delante de los ventanales rotos del alto tribunal, el edificio más afectado.

Comerciantes y políticos

El ministro de Justicia, Flavio Dino, informó, un día después del ataque golpista, que ya tenían identificados a los posibles financiadores en diez de los 27 estados brasileños.

Esas primeras pesquisas se centran en aquellos que organizaron el transporte de los radicales bolsonaristas a través del alquiler de decenas de autobuses, que, después del violento episodio del domingo, fueron incautados por orden del Supremo.

Sin desvelar nombres, el ministro señaló que entre esos financiadores hay “comerciantes locales” y empresarios vinculados al “sector agrícola”.

Asimismo, según la prensa local brasileña, el dueño de uno esos autobuses que inundaron la capital con miles de bolsonaristas es un empresario vinculado con la diputada Carla Zambelli, amiga del exmandatario y uno de los máximos referentes de la ultraderecha brasileña.

La posible vinculación de políticos con los actos en Brasilia, calificados de “golpistas” y “terroristas” por los presidentes de los tres poderes federales, es otra de las vertientes que está siendo analizada.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que integra la base parlamentaria del Gobierno de Lula, solicitó a la Corte Suprema que sean investigados “once congresistas” federales y regionales por “incitar” a la horda bolsonarista en su intentona golpista.

Bolsonaro no lo reconoce

“Lamentablemente el presidente que dejó el poder el 31 de diciembre no quiere reconocer la derrota. Aún hoy vi declaraciones suyas en que sigue sin reconocer la derrota”, afirmó  ayer Lula en referencia a un vídeo que Bolsonaro publicó en sus redes sociales, que después borró, con declaraciones de un elector poniendo en duda la fiabilidad de las urnas.

“Solo puedo considerar que se trata de un grupo de chiflados, de un grupo de personas con poco sentido del ridículo, porque ya presentaron recursos ante la Justicia, y la Justicia no solo reafirmó el resultado de las urnas, sino que condenó al partido que cuestionó las elecciones a pagar una cuantiosa multa”, dijo. ”No aceptan que es el mejor método”, expresó.

En ese sentido, Lula dijo que no le gustaría pensar que los hechos ocurridos el domingo se tratan de un intento de “golpe” de Estado orquestado por alguien. l