El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó ayer la conocida como ‘muerte cruzada’, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él. Menos de 24 horas después del arranque de este juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos, hasta 2025.

Lasso afirmó que ser presidente implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”. “Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador”, declaró en un discurso a la nación acompañado de miembros de su gabinete. El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. A día de hoy, apuntó, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización” sino que se limita a la “obstrucción”.

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que recordó Lasso. La medida deja margen al Gobierno para aprobar decretos de urgencia económica y Lasso ya confirmó la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos, ya “sin bloqueos” y pendiente ahora de la revisión de la Corte Constitucional. Y avanzó que habrá más, en un contexto en que la economía y la inseguridad parecen copar las preocupaciones ciudadanas.

Disolución “ilegal”

La oposición, en cambio, ya había cuestionado la posible ‘muerte cruzada’ antes del decreto de Lasso. Para el expresidente Rafael Correa, que sigue siendo una destacada voz opositora, “lo que Lasso hace es ilegal”, ya que “obviamente no hay ninguna conmoción interna” sino un juicio político en marcha “en aplicación de la Constitución”. “Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”, dijo en su cuenta de Twitter.
 

No obstante, sí llamó a aprovechar la votación en ciernes: “Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria”. Por su parte, el inmediato predecesor de Lasso en la jefatura de Estado, Lenín Moreno, llamó a a la ciudadanía a tener la “cabeza fría” y “entender el momento”, anteponiendo “lo verdaderamente importante”. “Es la hora ciudadana”, indicó, en un llamamiento a la “unidad” y la “organización”.