Un tribunal de segunda instancia ha ratificado una sanción pecuniaria impuesta al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el "daño moral colectivo" que causó a los periodistas con sus recurrentes ataques a la prensa.

La sentencia, publicada este viernes, fue dictada por el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo e impone una multa de 50.000 reales (unos 10.000 dólares o 9.430 euros) al exmandatario, líder de la ultraderecha que afronta diversos problemas judiciales desde que culminó su mandato, el pasado 31 de diciembre.

El tribunal ratificó una decisión adoptada en primera instancia en julio de 2022, tras una denuncia presentada por el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo.

En la acusación, ese gremio sostuvo que Bolsonaro había incurrido en prácticas de "asedio moral" contra "todos los periodistas", cuyo "honor e imagen" había afectado con sus continuas descalificaciones al trabajo de la prensa profesional.

Desde que asumió el poder, en enero de 2019, Bolsonaro mantuvo permanentes críticas a la prensa profesional, que en muchos casos llegaron al punto de agresiones verbales, personales y directas, contra periodistas que cubrían sus actividades.

Esa situación se agravó en la campaña para las elecciones del pasado octubre, en las que Bolsonaro fue derrotado en las urnas por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, hoy en el Gobierno.

Las descalificaciones y hasta amenazas de Bolsonaro y los grupos de extrema derecha que le respaldan a los periodistas fueron, en los últimos años, reflejadas en diversos informes presentados por varios organismos internacionales.

Uno de ellos, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y publicado en abril pasado, destacó que "a partir de octubre se produjo una marcada radicalización de los partidarios de extrema derecha" en Brasil, y que dejó constancia de que "muchos periodistas fueron acosados y agredidos".

La sentencia confirmada este viernes, sin embargo, se refiere a hechos anteriores a la campaña y que, según el tribunal, fueron una "característica" del Gobierno del líder de la ultraderecha.

El dinero de la multa deberá ser depositado en un fondo público destinado a "resarcir a la sociedad de daños causados a la colectividad" y será destinado a obras sociales que serán definidas posteriormente.