Se confirmó lo esperado. La nueva normativa de habitabilidad elaborada por el Ayuntamiento de Oleiros limita la conversión de bajos comerciales a vivienda a los cuatro núcleos urbanos principales del municipio: Mera, Perillo, Liáns y el propio Oleiros. El motivo que aduce el alcalde, Ángel García Seoane, es que son los únicos lugares que cuentan con edificios plurifamiliares en los que se dan las condiciones para la transformación. Deberán adecuarse a las normas de salidas de humo y disponer de conexiones de fecales, abastecimiento de agua y electricidad.

“Os baixos terán que contar con todos los servicios e ademais deberán estar de acordo as comunidades. Os interesados xa poden consultar a documentación na páxina web do Concello”, anunció el regidor en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope.

Otro requisito que deberán cumplir los propietarios de los inmuebles es que los bajos hayan estado más de veinte años sin ninguna actividad comercial.

“Tampouco imos permitir a ninguén que transforme un baixo en vivenda turística. E animo ás comunidades de veciños a que denuncien onde as haxa. Este tipo de prácticas son unha fraude á facenda pública e ó Estado. E tamén é a causa principal da carestía de vivenda estable que ten o país neste momento”, añade.

Decreto de la Xunta

Cabe recordar que el Gobierno local oleirense adopta esta decisión de poder variar los usos de los locales comerciales amparándose en un decreto de la Xunta de septiembre de 2023.

La norma autonómica establece que se facilita que bajos comerciales, en zonas urbanas, que estén abandonados o sin actividad pueden cambiar de uso y reconvertirse en vivienda. Tiene, según fuentes del Gobierno autonómico, doble finalidad. Por una parte, ofrecer soluciones efectivas a problemas derivados de los cambios socioeconómicos y estructurales que sufrió la sociedad gallega en los ultimos años y, por otra, adecuar ciertos aspectos de la normativa de habitabilidad vigente en la comunidad gallega, con el fin de simplificar su aplicación y eliminar redundancias con el resto de la legislación sectorial.

“Se permitirá así a los ayuntamientos hacer excepciones y simplificar las exigencias para garantizar la intimidad de los residentes en ámbitos concretos, siempre que esté debidamente justificado por razones urbanísticas o de protección patrimonial de la zona”, apuntan desde el Gobierno autonómico.