Bajo las ruinas de Gaza está enterrado el derecho internacional” (Josep Borrell, en el Foro de la Toja).

La conclusión nos persigue a la vista del conflicto en Oriente Próximo. Me refiero al apagón de la racionalidad frente al avance de la ley del más fuerte. También nos lo recuerda un iracundo Benjamín Netanyahu cuando acusa a la ONU de antisemita y declara persona non grata al secretario general, Antonio Guterres, mientras quiere resolver a sangre y fuego la provocación de sus odiadores en Gaza y el sur del Líbano.

Hablo de “provocación” –de naturaleza terrorista, claro– de sus vecinos. Pero también digo que la respuesta no repara en miramientos regulados y justiciables en la llamada legalidad internacional. Básicamente, el TPI (para individuos) y el TJI (para Estados).

El apagón se produce por culpa del terrorismo provocador de unos y la brutalidad de la respuesta de otros. Solo si asumimos como irremediable la derrota de la razón frente al impero de la ley de la selva podemos constatar la insumisión de la comunidad internacional respecto a la Carta de las Naciones Unidas, firmada por los países que dicen renunciar al uso de la fuerza militar para resolver sus conflictos y se comprometen a respetar los mandatos de la ONU.

Es justamente lo que ha barrido el viento, como ponen de manifiesto los bienintencionados análisis sobre el mastodóntico aparato burocrático con sede fija en Nueva York, que se ha revelado fallido en los objetivos fijados tras la segunda guerra mundial: renunciar a la fuerza, mantener la paz, fomentar el diálogo entre naciones y, por cima de todo, hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

Ya, pero la misión en la vida de los tiranos es demostrar que el poder es demasiado serio como dejarlo al albur de las leyes de la democracia, pensadas precisamente para impedir el poder absoluto que ambicionan los tiranos, a los que se detecta por su aversión al mensajero y su empeño en desactivar la función de control encomendada a otros poderes.

Con ayuda de EE.UU, en el ejercicio de su derecho de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad, los gobiernos de Israel han ignorado todas las resoluciones de la ONU sobre el derecho de los palestinos a existir como Estado, el mismo que la comunidad internacional le reconoció en su día a Israel, después de declararse independiente en mayo de 1948. Pero el fluido de la historia ha campeado desde entonces sobre su codicia (expansionismo colonizador en Cisjordania), la endémica incapacidad de los palestinos para sincronizar en una remada conjunta (hasta dieciocho comunidades distintas) y la mirada distraída de la comunidad internacional que he tratado de denunciar en este artículo.