En España, para ser juez o fiscal hay que tener mucho dinero. Bueno, no necesariamente uno, sino la familia de uno, merced a cuyo sostén económico podrá dedicarse el candidato a impartir justicia entre sus semejantes a preparar como es debido las oposiciones, actividad (sedentaria, pero actividad) que le llevará cuatro o cinco años a razón de ocho o diez horas diarias de hincar los codos.

Puede que, como asegura el Evangelio, sea más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello por el ojo de una aguja, pero entrar en la carrera judicial lo tiene mucho más fácil, o, cuando menos, infinitamente más fácil que un pobre. Éste, aun en el caso de haber podido cursar la carrera de Derecho, requisito indispensable para opositar a juez, tiene que trabajar concluida ésta, si es que no la sacó adelante mientras trabajaba a la vez, siquiera en alguno de esos empleos temporales que le permitieran pagarse la matrícula, los libros, el bono-transporte y poco más.

Pero cualquier trabajo es incompatible con opositar a juez, o a fiscal, y ese es el filtro que secularmente se ha empleado para seleccionar a los que pueden acceder a la judicatura, y a los que no.

A reparar mínimamente, pero en algo, esa radical injusticia en el propio seno de la Administración de Justicia, el Gobierno ha ideado un plan que, si funcionara bien y se extendiera, podría, de una parte, democratizar el acceso a la judicatura, o sea, la judicatura, y, de otra, hacer unos cuantos agujeros en la impermeabilidad entre las clases sociales, que en nuestro país es, como se sabe, particularmente impenetrable.

El plan consiste en becar con unos quinientos y pico euros mensuales a los opositores de pocos recursos económicos, es decir, a los opositores a quienes la diosa Fortuna no les destinó, al nacer, a una familia adinerada. En un principio, no llegarían a trescientas las becas ofertadas, pero menos da una piedra. Una piedra o un gobierno de signo político más conservador, que, como su propio nombre indica, preferiría conservar las cosas como están.

Pilar Llop, la ministra de Justicia que habrá de gestionar la iniciativa, ha hablado de “ascensor social” al referirse a sus futuros beneficiarios, los opositores sin familias ricas que podrían llegar a juez o a fiscal, pero la beneficiaria sería la sociedad en su conjunto, que incluso, y atendiendo a las recomendaciones para una vida más saludable, debería dejarse de estrechos ascensores y optar, y más en lo tocante a la Justicia, por las amplias escaleras de la justicia social.