En setiembre de 2013 el Ministerio de Educación francés enviaba a las 55.000 escuelas públicas del país la Carta del Laicismo en forma de cartel con la declaración de principios, derechos y deberes republicanos bajo el lema “La Nación confía a la Escuela la misión de hacer participar a los alumnos en los valores de la República”. 

Esta declaración, junto al lema “Libertad, Igualdad y Fraternidad” está colgada en lugar visible de los centros educativos públicos para que los  alumnos conozcan los Derechos y Libertades del ciudadano y el respecto a las creencias religiosas en la esfera de la privacidad.   

El primer “mandamiento” dice que “Francia es una república indivisible, laica democrática y social, asegura la igualdad ante la ley en el conjunto de su territorio para todos los ciudadanos, respeta todas las creencias”. Así hasta 15 mandamientos que se inscribían en el marco de una reforma educativa para la “refundación de la escuela republicana”.  

Traigo esto a colación a propósito de la iniciativa del líder del Partido Popular que propone la enseñanza de la Constitución como asignatura principal (no materia transversal como contempla la LOMLOE) adecuada a la edad de los alumnos para transmitirles desde los niveles educativos más tempranos los principios y valores, los derechos y libertades que emanan de la Carta Magna. 

“Formar a los escolares en la cultura democrática y en los valores constitucionales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho garantiza unas nuevas generaciones informadas, seguras de los derechos que les asisten, pero también de las obligaciones que deben asumir para conformar una convivencia justa con unas reglas de juego claras, conocidas e iguales para todos”. 

La Ley del Derecho a la Educación establece que todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución con el fin de formarse en los principios y valores que ella reconoce. Se trata, por tanto, de formar a todos los escores en el entramado doctrinal que sostiene nuestro sistema político constitucional para que aprendan a valorarlo hoy y protegerlo el día de mañana frente a posibles abusos de poder. 

La propuesta del líder de la oposición parece razonable y es asumida por todos los países “políticamente normales”, como Francia. Pero suena a utopía en la España de 17 modelos educativos, celosamente protegidos por los poderes políticos autonómicos. La propuesta es más utópica aún allí donde gobiernan o influyen los nacionalismos que no solo no aceptan la Constitución, sino que el primer punto de su declaración de principios nacionalistas es destruir el Estado que ella sustenta. 

Por tanto, de momento solo es posible quedarse con esta idea bonita que permitiría contar con ciudadanos más formados e informados y, por tanto, más libres. Algún día será posible, por soñar que no quede.