Antonio Costa, ex primer ministro portugués, tenía mayoría absoluta y al ver su nombre vinculado a un caso de corrupción -después se demostró no le afectaba personalmente-, presentó la dimisión que justificó con estas palabras: “la dignidad del cargo de primer ministro es incompatible con mi permanencia bajo una investigación”. El presidente de la República convocó elecciones de acuerdo con el primer ministro dimisionario pensando en la regeneración de la vida pública.  

Su sucesor, Pedro Nuno Santos, se comprometió a que “si yo no gano dejo gobernar al centro derecha para que no tenga que depender del partido de la derecha radical Chega”. Dicho y hecho. En la noche electoral reconoció su derrota y anunció que pasaba a la oposición. A su vez, el candidato de la Alanza Democrática, Luis Montenegro, que ganó por poco margen, se comprometió en la campaña y lo expresó en la noche del recuento a  “no pactar con Chega, el partido de la extrema derecha”, aunque sin su apoyo le va a ser más difícil gobernar.  

Los tres políticos protagonistas de este proceso electoral dieron una lección de comportamiento democrático interpretando correctamente el dictamen de las urnas, que es el mandato del pueblo. Antonio Costa dimitió para mantener la dignidad del cargo de primer ministro; Nuno Santos deja gobernar a la derecha para que no pacte con los ultras; y Luis Montenegro, que gana por la mínima, se desmarcó de Chega y afronta un difícil gobierno en solitario que seguramente tendrá poca estabilidad. La conclusión es  que todos los protagonistas fueron fieles a los principios democráticos. 

Comparen este escenario portugués con lo ocurrido en España. Aquí el perdedor de las elecciones, en lugar de dejar que el ganador intentara gobernar sin Vox, hizo sus alianzas con el nacionalismo independentista al que llaman progresista y se puso a los pies de Puigdemont, el prófugo de la Justicia y líder de Junts el partido de la derecha rancia y xenófoba, sucesor de la corrupta Convergencia. 

Compró sus siete votos a cambio de la amnistía a la carta que borra delitos de suma gravedad para mantenerse en el poder -para eso es la amnistía- que desmantela el Estado de Derecho: la legalidad vigente, la Justicia, la igualdad, la seguridad jurídica… Es decir, implica declarar culpable al Estado mismo por haber aplicado la ley a los que la quebrantaron proclamando la independencia de Cataluña. 

Corrupción aparte, que merece otro comentario, lo que ocurre en España es propio de países gobernados por autócratas y está en contra de la conducta exigible a quienes ejercen la función de gobierno que parece que ni creen, ni practican  la democracia.  

Los políticos de Portugal, el país vecino que tantas veces miramos con aires de superioridad, dieron al Gobierno de España una lección de democracia auténtica.